Así lo dijo durante el debate parlamentario de la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la LOPJ relativa a la justicia universal. Deliberación que duró cerca de dos horas.

El encargado de defender la toma en consideración de la proposición de ley fue José Miguel Castillo (PP) quien defendió que la iniciativa amplía el número de delitos perseguibles internacionalmente.

Asimismo, aseguró que la regulación proyectada “ni limita ni restringe la competencia extraterritorial de España en base de principios justicia universal”. “Al contrario, permitirá que estos crímenes puedan ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva y eficaz que antes”, dijo.

Añadió que es necesario “mejorar” la actual regulación para que “la teoría y la práctica” de la persecución de las violaciones de los derechos humanos “sean realmente efectivas”.

Negó que el PP haya pretendido hurtar en su fase previa los preceptivos informes que hubieran sido necesarios si la reforma se hubiera tramitado desde el Consejo de Ministros.

Por parte del PSOE intervino su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, quien añadió que esta proposición “elimina la jurisdicción universal en pro de la impunidad de terribles crímenes contra la humanidad”.

DE LA CABEZA A LA COLA

“España se había colocado a la cabeza de la defensa de los derechos humanos” y ahora pasará a la “cola”, pese a que actualmente hay países de la Unión Europea, como Francia, que están cambiando su legislación para asemejarse a la que actualmente hay en España.

“Esta será su herencia. Esta es su marca España. La reputación internacional de España queda seriamente dañada”, recriminó Soraya Rodríguez al PP, al que dijo que no tiene derecho a utilizar la vía de la proposición de ley como “atajo” para evitar los correspondientes informes preceptivos para una reforma de este calado.

A su juicio, “si tan claro” tiene el PP que su propuesta amplía la jurisdicción universal, “no tendría miedo” a pedir los informes necesarios.

Jordi Janè (CiU) dijo que la reforma que propone implica un “pimpam fuera” y un sobreseimiento automático a los casos que se están investigando contra la violación de derechos humanos fuera de las fronteras española.

Jané denunció que con esta proposición “se conculcan de manera directa tratados internacionales” firmados por España y rebatió el argumento de que la Corte Penal Internacional está para perseguir este tipo de crímenes, pues, argumentó, de ese tribunal no forman parte muchos de los países que los cometen. “Es un guiño a la impunidad”, sentenció Janè.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural Gaspar Llamazares denunció la “vergüenza” que supone “cambiar derechos humanos por relaciones comerciales”, aprobando lo que supone de facto “una derogación contra la jurisdicción penal internacional”.

Destacó que esta proposición es una “humillación” a las víctimas de violaciones de derechos humanos y también para el país, pues con esta iniciativa se va a “cambiar la marca de España por la marca de Caín”.

A LA MEDIDA

La diputada de UPyD Irene Lozano manifestó que “lo único universal que va a quedar de esta reforma es que quedará en la historia universal de la infamia”.

“Es una reforma ad hoc para acomodarse a las exigencias del Gobierno chino para que no se investigue a sus jerarcas” y también da “carpetazo” a muchos casos que suponen “incomodidades diplomáticas”.

Aitor Esteban (PNV) criticó que lo que no ha precisado el PP en su iniciativa es que la reforma “viene con muchas rebajas a lo que ya estaba establecido por la ley”.

A su juicio, el único límite que debía existir es que las víctimas puedan ver su caso con garantías en los tribunales de su propio país, de modo que, en caso contrario, funcione la jurisdicción universal.

Para Aitor Esteban, el PP y el Gobierno “se han achantado ante los poderosos, ante los intereses de la economía y de algunos agentes muy importantes en el ámbito de las relaciones internacionales”.

Reclamó al PP que tenga el valor de defender ante la familia del periodista José Couso que su caso “no va a quedar en una mera declaración de principios”, y también ante los monjes tibetanos, “encarcelados durante décadas en prisiones inhumanos”.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron Sabino Cuadra (Amaiur), Joan Tardà (ERC) y Olaia Fernández Dávila (BNG).

TODO A CIEN

Cuadra señaló que “el ‘Todo a cien’ de este Gobierno” tiene franquicias y por eso “está atento” a lo que dicen países como Estados o China.

“Está hecho a la medida del velo con la que se pretende tapar toda una serie de violaciones de derechos humanos”, denunció Cuadra. “Se pretende que vaya a la papelera el caso de José Couso”, que crímenes como los cometidos contra la humanidad en Afganistán o en el Tibet queden impunes.

Joan Tardà (ERC) criticó que “entre hacer justicia por la muerte de José Couso o agradar a quienes le mataron, el Gobierno ha optado por la impunidad de los asesinos”, de la misma forma que se ha negado a que los culpables de los crímenes del franquismo respondan ante la justicia.

Olaia Fernández Dávila (BNG) dijo que el PP “se alinea con el imperialismo americano” y su proposición “debilita el Estado de Derecho, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas de horrendos crímenes y garantiza la impunidad de los autores”.