Moreno, de acuerdo con lo ordenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha dictado cinco resoluciones en las que pide a Interpol que detenga a Zemin y los otros cuatro imputados. El juez les acusa de delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad.

“Teniendo en cuenta lo ordenado por la Sala, hallándose Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar lo ordenado por la Sala y librar la orden internacional de detención en virtud de los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar la prisión provisional incondicional y sin fianza del mismo”, señala el instructor en la resolución relativa al expresidente chino. Como indica el magistrado en repetidas ocasiones, ha sido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el órgano que le ha obligado a librar las órdenes de busca y captura.

Además de contra Jiang Zemin, el juez ha dictado órdenes contra Li Peng, primer ministro chino entre finales de los 80 y principios de los 90; Qiai Shi, quien fuera jefe de seguridad del país; Chen Kuiyan, secretario del Partido Comunista en Tíbet en la época de los hechos, y Peng Pelyun, ministro de Planificación Familiar en los años 80.

La Audiencia Nacional podría decretar asimismo en un futuro la puesta en busca y captura del expresidente Hu Jintao, quien también se encuentra imputado por el genocidio en Tíbet.

GENOCIDIO Y TORTURAS

La querella inicial fue interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa, un tibetano nacionalizado español y que fue víctima directa de la represión china.

El juez Moreno explica en su auto la implicación de Zemin en los hechos investigados y señala que, según la querella que dio lugar a la apertura de la causa penal, el reclamado “presidió el llamado Foro de Trabajo sobre Tíbet, foro donde se confirma oficialmente la estrategia de colonización del mismo con el traslado masivo de la población china”.

Los dirigentes chinos se propusieron “acabar con el movimiento de oposición pacífica encabezado por los religiosos, tomando una serie de medidas que llevan a purgas en los monasterios, detenciones y arrestados arbitrarios, muertes ocasionadas por torturas y asesinatos”.

La querella, en resumen, sostiene que Zemin “ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana”. Su objetivo era “detener a miles de tibetanos durante largos periodos de tiempo, torturar a los detenidos y someterlos a otros abusos ilegales tanto físicos como mentales, y someter a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosos”.

IMPUTACIÓN DE HU JINTAO

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ordenó el pasado mes de octubre la imputación de Hu Jintao, presidente de China desde 2003 hasta el pasado mes de marzo, al que acusa de haber llevado a cabo “campañas masivas de esterilizaciones” y “torturas de disidentes”.

La Audiencia Nacional atribuye a Hu Jintao un delito de genocidio y destaca que, además de expresidente de China, fue secretario general del Comité del Partido Comunista de China en el Tíbet entre 1988 y 1992, cuando tuvieron lugar los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional.