En nota de prensa, la federación sindical asegura que la llamada reforma de las administraciones públicas es en realidad “un expediente de regulación de empleo” que ha provocado la destrucción de más de 552.000 puestos de trabajo, es decir, el 16, 5% del total.

Asimismo, denuncia que no ha habido ningún “método moderno” de gestión de recursos humanos “revolucionario”, sino que el recorte del gasto en el sector público “se ha limitado a despidos, recortes salariales y de derechos, falta de negociación con los representantes de los trabajadores y rumorología en los medios de comunicación”.