Para este reto, el Cermi pondrá en marcha, por una parte, la Fundación Cermi Mujeres, y por otra, como eje complementario, desarrollará un Plan de acción de mujeres y niñas con discapacidad 2013-2016, que acaba de ser aprobado y cuenta con una mesa de seguimiento, la cual se reunirá próximamente para definir las prioridades para este año.

La Fundación Cermi Mujeres, expone Ana Peláez, servirá de instrumento para operar con recursos externos y para que se puedan conseguir las prioridades en materia de derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo.

El tema de la violencia de género contra mujeres y niñas con discapacidad será la piedra angular del trabajo del Cermi, “con independencia de que se seguirá con la acción política de sus intereses en cualquier ámbito que se haga”, según explica Peláez.

El Cermi desarrollará, en este sentido, una guía para que las propias mujeres y niñas con discapacidad puedan encontrar recursos para reconocer, renunciar y poder optar a servicios de recuperación como víctimas en todos los formatos accesibles. Para su elaboración, además, se invitará a participar a las partes concernidas en este tema, como son la Policía Nacional, Justicia, la delegación del Gobierno para la violencia de género, el 016, la Dirección de Políticas Sectoriales de la Discapacidad y Sanidad.

También se intentará incorporar a expertas en los sectores de mujeres con discapacidad en situación de inferioridad de condiciones en el acceso de justicia y a la denuncia, que son las mujeres con discapacidad intelectual, mujeres con discapacidad psicosocial, etc. Y, por último, se elaborará un estudio específico sobre la violencia a mujeres con discapacidad donde estarán también presentes y colaborarán en su ejecución todas las entidades concernidas.

En este sentido, Ana Peláez alerta sobre el hecho de que de las 52 víctimas mortales por violencia de género en España en el año 2012, siete tenían una discapacidad, lo cual supone un 13,46%; pero, añade, de las 45 restantes “no sabemos cuántas habrían adquirido una discapacidad como consecuencia de los malos tratos”. Por ello, a través de un nuevo estudio, “veremos qué arrojan las cifras del 2013 con respecto a las víctimas mortales”.

Otras actuaciones en las que van a incidir, explica Peláez, es seguir con las campañas en contra de la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad, al tiempo que se complementarán con las que se están desarrollando en la esfera internacional, como un Plan de Igualdad de Género para que sea aprobado por el Foro Europeo de la Discapacidad, o la elaboración de un documento oficial de Naciones Unidas sobre la situación de mujeres y niñas con discapacidad, a la luz de la Convención de la ONU.