El informe documenta abusos a mujeres detenidas obtenidos en entrevistas con las víctimas, mujeres y niñas, en prisión, así como sus familiares y abogados, y personal sanitario de las cárceles de Iraq, además de la información recibida por HRW en reuniones con autoridades como funcionarios de los ministros de Justicia, Interior, Defensa y Derechos Humanos, y dos viceprimeros ministros.

“Las fuerzas de seguridad iraquíes y los funcionarios actúan como si abusar brutalmente de las mujeres hacen que el país sea más seguro”, señaló Joe Stork, subdirector para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch.

HRW asegura que el sistema judicial iraquí está “plagado de corrupción” y que muchas mujeres han estado detenidas durante meses o incluso años sin estar acusadas de ningún cargo.

Recuerda que el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, prometió en enero de 2013 reformar el sistema de justicia penal de este país, lo que comenzaría con la liberación de mujeres detenidas que tenían órdenes judiciales de liberación. “Un año después, las tácticas brutales de las fuerzas de seguridad siguen esencialmente igual y miles de mujeres siguen detenidas ilegalmente”, recalca HRW.

DOBLE DISCRIMINACIÓN

Muchas de las 27 mujeres que hablaron con los investigadores de HRW describieron haber sido golpeadas, pateadas, abofeteadas, colgadas boca abajo sobre sus pies, sometidas a descargas eléctricas y violadas o amenazadas de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad durante los interrogatorios.

Una de ellas asistió al encuentro con los delegados de HRW en muletas y afirmó haber sufrido nueve días de palizas y descargas eléctricas, lo que le había provocado una discapacidad permanente y secuelas como la nariz partida, cicatrices en la espalda y quemaduras en el pecho. Siete meses después de la entrevista, el pasado mes de septiembre, fue ejecutada.

La gran mayoría de los más de 4.200 mujeres detenidas en las dependencias de los ministerios del Interior y de Defensa son sunitas, pero HRW ha documentado abusos a mujeres de todas las religiones y clases sociales, que se ven más discriminadas por el sistema judicial iraquí “debido a su estatus de personas de segunda clase en la sociedad”.

Además, HRW comprobó que, en la mayoría de los casos analizados, las mujeres no tenían acceso a un abogado, en contra de lo establecido en la legislación iraquí, y que cuando pedían a los jueces que investigaran los abusos, estos rehusaban abrir investigaciones.