Para la entidad, existen dos visiones sobre las personas sordas, cuya convivencia es fundamental para asegurar una atención completa y eficaz. Por un lado, el enfoque puramente clínico y rehabilitador, que es el predominante y en función del cual la inclusión se conseguiría primando la rehabilitación de la audición y el habla de la persona sorda. Por otro, el enfoque sociocultural y lingüístico donde la lengua de signos sería una gran aportación que contribuye a la diversidad cultural de la especie humana, así como a la inclusión social de las personas sordas.

En cuanto a la diversidad, la CNSE asegura que el colectivo de personas sordas es muy diverso no solo por el tipo de sordera, o las formas de comunicación utilizadas, sino también porque dentro del colectivo, encontramos un amplio espectro de situaciones diferentes: niños, jóvenes, mayores, personas sordas en situación de dependencia, con otras discapacidades además de la sordera, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), inmigrantes, etc. Además, recuerda que también deben tenerse en cuenta factores como la situación socioeconómica de cada persona sorda o la de su familia.

En este sentido, la entidad cree necesario potenciar la colaboración entre las entidades de personas sordas y familias, y los servicios de salud, los servicios sociales y los servicios educativos. Es importante garantizar una atención global y multidisciplinar desde un primer momento, con el fin de aprovechar al máximo los recursos y asegurar una atención congruente y no atomizada”.

Asimismo, la CNSE persigue que en el mismo espacio sociosanitario, las personas mayores sordas, las personas sordas en situación de dependencia o aquéllas que estén en situación de riesgo de exclusión reciban una atención adecuada a sus necesidades comunicativas. En definitiva, solicita que se preste una atención social, sanitaria y educativa adecuada para las personas sordas: atención temprana, teleasistencia, centros de día, centros ocupacionales, casas de acogida, residencias, etc.

Por último, la Confederación Estatal de Personas Sordas exige que las prestaciones y los precios del mantenimiento y la adquisición de prótesis auditivas (audífonos e implantes cocleares) se ajusten a la realidad social y económica, y propone que se eliminen prejuicios en relación a la lengua de signos y las personas sordas.