Para ello, explicó, debería cuantificarse el coste promedio de estos servicios y establecerse un Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales que garantice su cobertura, que corra a cargo de las comunidades autónomas.

La titular de Hacienda y Administración Pública del gobierno andaluz indicó en su conferencia, organizada en Sevilla por Nueva Economía Fórum, que el actual modelo de financiación autonómica “ha contribuido muy sensiblemente a la quiebra del proceso de convergencia en las regiones españolas”, por lo que su revisión debe encaminarse a configurar un sistema “solidario y suficiente, y que sea acordado multilateralmente entre el Gobierno y las comunidades autónomas”.

Este nuevo modelo de financiación, además de un nivel mínimo en la prestación de servicios, deberá permitir la autonomía financiera de las comunidades, garantizar la solidaridad efectiva entre regiones, promover el equilibrio económico y la convergencia territorial y evitar situaciones de privilegio económico y social.

Según señaló Montero, “la crisis ha afectado con distinta intensidad a las comunidades autónomas” y la caída del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido más intensa en aquellas que han realizado mayores esfuerzos para recortar su déficit, “lo que determina que, en términos de PIB per cápita, la brecha entre las regiones más ricas y las más pobres se haya ampliado” en los últimos años.

Según Montero, este proceso está obligando a comunidades como Andalucía a hacer un sobreesfuerzo que “repercute en el PIB, en el empleo y en el nivel de prestación de servicios, y amenaza con agravar la renta per cápita de la media nacional”.

EL CASO ANDALUZ

Durante su intervención, la consejera de Hacienda y Administración Pública de Andalucía señaló que el actual modelo de financiación ha contribuido “sensiblemente” a la quiebra de este proceso de convergencia, ya que no ha garantizado un reparto equitativo de los recursos. Según las cifras que maneja esta Consejería, durante los tres primeros años de aplicación (2009-2011), Andalucía ha obtenido unos ingresos sensiblemente inferiores a la media: “de haber contado en estos tres años con recursos similares al promedio, nuestra comunidad autónoma habría recibido 2.821 millones de euros más”, declaró Montero.

La propuesta de la Consejería andaluza para reformar el modelo pasa por definir cuáles son políticas de gasto fundamentales y, en base a ello, blindar un equilibrio entre la Administración central y las autonómicas para que ambas dispongan del mismo grado de cobertura de sus necesidades de gasto desde su ámbito competencial.

“Es el Estado quien debe garantizar la aplicación efectiva de estos principios y no las reivindicaciones de unas u otras comunidades”, sugirió la consejera, al tiempo que consideró también imprescindibles establecer mecanismos de suficiencia dinámica que permitan corregir las desviaciones que puedan surgir en el transcurso de la aplicación del modelo.