El magistrado, en concreto, ha solicitado la entrega de nueve paquetes de documentación, desde la copia de las escrituras públicas de la sede hasta los soportes de los dos créditos solicitados para la operación. El juez pide todos estos papeles “visto del contenido de la declaración testifical prestada” esta mañana por el secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cueva Villoslada, y la gerente, Ana Elvira Martínez Martínez.

Estas dos personas, que han comparecido hoy en calidad de testigos, han dicho no recordar los detalles de cómo se gestó la compra y la reforma de la sede regional del partido, cuyos costes se elevaron hasta 1,5 millones de euros.

El juez, de hecho, ha tenido que llamar la atención a Cuevas Villoslada y le ha recordado que, como testigo, tenía la obligación de decir la verdad, según señalaron fuentes jurídicas.

Ambos responsables del PP si que coincidieron a la hora de asegurar que los 200.000 euros que recibieron en el año 2008 para la compra de la nueva sede del partido y que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’ fueron en realidad un préstamo a fondo perdido que les entregó la dirección nacional de la formación.

PAGO EN NEGRO

Ruz sospecha que estos 200.000 euros eran en realidad dinero negro procedente de las donaciones presuntamente irregulares que habría recibido el PP.

Según el magistrado, existen “elementos objetivos que otorgarían coherencia respecto del apunte contable investigado y en cuanto al mismo resultaría determinante para la integración de la base imponible por la que eventualmente podría deducirse una ulterior responsabilidad tributaria del PP”.

Ruz indicaba en un auto dictado el 24 de enero que en los extractos de las cuentas de tesorería tanto de la sede nacional como de la riojana “se ha comprobado la existencia del registro contable de una transferencia en el mes de junio de 2008 por importe de 200.000 euros”.

“Por el contrario, no se ha encontrado reflejo contable, ni en la contabilidad de la sede central ni en la de la sede regional de La Rioja, que ponga de manifiesto la existencia de alguna aportación por importe de 200.000 euros”, indicaba la resolución.