Así se recoge en el informe ‘La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros’, elaborado por PwC a petición de Acciona y al que Servimedia tuvo acceso este martes.

El estudio subraya que el sector del agua en España se enfrenta a “importantes y urgentes” retos medioambientales (escasez de agua e incumplimiento de la normativa europea) y económicos (déficit de inversiones y tarifas insuficientes para recuperar los costes asumidos), así como a deficiencias del marco regulatorio actual (elevado número de administraciones públicas con competencias y ausencia de legislación estable y predecible).

Además de estos retos estructurales, el informe recoge “ciertas disfunciones” como la falta de unidad de mercado y “cierta incapacidad para reducir las pérdidas de agua en la red de distribución y mejorar así la eficiencia de las infraestructuras”.

Por ello, PwC propone un nuevo marco legislativo y regulatorio que permita atraer inversiones y facilitar que el consumo del agua sea “económicamente eficiente y medioambientalmente sostenible a largo plazo”.

Este nuevo modelo implicaría la creación de una metodología nacional obligatoria para el cálculo de las tarifas del agua urbana, la definición detallada de las competencias municipales para evitar duplicidades y la separación jurídica, contable y funcional de las sociedades que gestionan las distintas fases del ciclo del agua.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

El nuevo marco regulatorio contribuiría a reducir el déficit de inversiones que sufre el sector actualmente y facilitaría la puesta en marcha de iniciativas por valor de 15.700 millones de euros hasta 2021, de ellos 13.700 millones para saneamiento (alcantarillado y depuración) y 2.000 en abastecimiento (aducción y distribución). El 71% de la inversión correría a cargo de las empresas españolas y el 29% restante se cubriría con exportaciones.

Todo ello se traduciría en un incremento del PIB agregado de 12.600 millones de euros y los sectores más beneficiados serían el de la construcción (2.900 millones) y el de la fabricación de maquinaria y equipo mecánico (2.600 millones).

Además, se crearían 23.700 empleos de carácter permanente y las administraciones públicas recaudarían unos 6.900 millones de euros a través de impuestos.

A estos beneficios macroeconómicos se añade la reducción de ineficiencias en el sector del agua, como eliminar el exceso de agua que actualmente se demanda por ser vendida en el mercado a un precio que no cubre los costes reales del servicio y fomentar una reducción de los costes de suministro.

Por último, el informe indica que esta reforma también generaría beneficios medioambientales, como una reducción de las pérdidas de agua en la red, una menor demanda de agua y más consumo responsable, menos consumo eléctrico y la recuperación de caudales contaminados, la mejora de la flora y la fauna y el impulso a la reutilización del agua gracias a la inversión en nuevas instalaciones de saneamiento.