En un informe de 38 páginas, titulado 'Demoliciones ilegales de barrios de Siria en 2012-2013', HRW aporta imágenes de satélite, declaraciones de testigos y pruebas de vídeo y fotográficas que sustentan esta actuación del régimen sirio.

Así, incluye documentos de siete casos de demoliciones a gran escala con explosivos y excavadoras que violaban las leyes de la guerra, sin ningún propósito millitar.

Ole Solvang, investigador de Emergencias de HRW, señaló que “la limpieza de barrios enteros del mapa no es una táctica legítima de guerra” y subrayó que “estas demoliciones ilegales son las últimas incorporaciones a una larga lista de crímenes cometidos por el Gobierno sirio".

HRW pidió al régimen sirio, como parte de las negociaciones de la Conferencia de Ginebra II, a que se comprometa a acabar inmediatamente con las demoliciones que violan el derecho internacional y a compensar y proporcionar una vivienda alternativa a las víctimas, y recalcó que el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir esta situación al Tribunal Penal Internacional.

Los siete casos recogidos en el informe tuvieron lugar entre julio de 2012 y julio de 2013, y abarcan un área total de al menos 145 hectáreas, esto es, el equivalente a unos 200 campos de fútbol.

Muchos de los edificios demolidos eran bloques de apartamentos, algunos de ellos de ocho pisos y miles de familias han perdido sus hogares como consecuencia de estas destrucciones. Todos los barrios afectados estaban considerados “bastiones de la oposición”, según los testimonios recogidos por HRW.

Human Rights Watch apunta que representantes del Gobierno y de medios de comunicación afines al régimen sirio afirmaron que las demoliciones formaban parte de planificaciones urbanas o eliminaciones de edificios construidos ilegalmente, pero esta ONG asegura que no se han producido destrucciones similares en áreas que apoyan a las autoridades gubernamentales, pese a que muchas casas de esas áreas fueron presuntamente construidas sin los permisos necesarios.

Estas circunstancias, así como las declaraciones de los testigos y las declaraciones más sinceras de funcionarios del Gobierno, indican que las demoliciones estaban relacionadas con el conflicto armado y o bien no sirven a ningún propósito militar necesario y castigaron deliberadamente a la población civil o causaron un daño desproporcionado a los civiles en violación de las leyes de la guerra”, concluyó.