El texto asegura la conservación de los parques nacionales, implanta un nuevo modelo con el que el Estado coordina la red respetando la gestión de las comunidades autónomas, procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad e integra en la gestión a los habitantes de los Parques Nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el proyecto de Ley de Parques Nacionales proporciona “mayores mecanismos de coordinación” de estos espacios verdes protegidos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, subrayó que España “fue pionera en el mundo” al promulgar en 1916 una ley de Parques Nacionales y que dos años después se crearon los dos primeros: el de la Montaña de Covagonda y el del Valle de Ordesa.

Explicó que el Estado desempeñó desde entonces “un papel fundamental” en la creación, gestión y conservación de estos lugares protegidos, pero la dirección de estos espacios verdes pasó a estar compartida con las comunidades autónomas en 2007 después de una sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, de manera que la red depende de la Administración General del Estado y la gestión, de los gobiernos regionales.

Actualmente, España cuenta con 15 Parques Nacionales, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación. La última incorporación fue el de la Sierra de Guadarrama (33.960 hectáreas), entre Madrid y Castilla y León, tras una tramitación de 10 años y que concluyó el pasado junio.

Arias Cañete aseguró que el sistema de Parques Nacionales había perdido “coherencia” porque existía “falta de coordinación general, de comunicación entre los parques entre sí y entre los parques y la Administración General del Estado”, y defendió que el proyecto de ley “pone remedio a esta situación”.

Con esta norma, el Gobierno pretende garantizar la adecuada conservación de estas zonas verdes y reforzar la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, encargadas de su gestión.

El texto incluye como importante novedad que introduce la posibilidad de intervención estatal en los parques nacionales, coordinada con las comunidades autónomas, en caso de catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro su riqueza natural y para “evitar daños irreversibles”, según apuntó Arias Cañete.

En este sentido, atribuye al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la potestad de declarar una emergencia, bien por propia iniciativa o a petición de las comunidades autónomas, lo que en el caso de incendios forestales de gran magnitud supone la obligación de las autoridades competentes de movilizar coordinadamente todos los medios humanos y materiales disponibles para restablecer la normalidad.

Asimismo, la norma crea un Comité de Colaboración y Coordinación, integrado por representantes de todos los Parques Nacionales junto con los representantes de la Red de Parques, y una Comisión de Coordinación para cada uno de los Parques Nacionales situados en territorios de varias Comunidades Autónomas.

El proyecto recoge también la elaboración de un Plan Director de Parques Nacionales, que incluirá las grandes directrices para su planificación, gestión y conservación, y que constituirá también un desarrollo reglamentario de la ley.

Arias Cañete recalcó que el Estado se reserva la posibilidad de intervenir “extraordinariamente” en la gestión de los parques con “acciones puntuales cuando se detecte que el estado de conservación no se corresponde con los mínimos fijados en el Plan Director”.

Por otro lado, el proyecto establece requisitos más exigentes para la declaración de un nuevo Parque Nacional. En los peninsulares marítimo-terrestres, por ejemplo, se incrementa con la futura ley desde las 15.000 hectáreas actuales hasta las 20.000 hectáreas.

Asimismo, se ocupa también del desarrollo sostenible en las comarcas donde se ubican los Parques Nacionales, mantiene el sistema de ayudas técnicas, económicas y financieras a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible en estas zonas y prevean la creación de “empleo verde”.

LA CAZA, INCOMPATIBLE

Por otra parte, la caza deportiva y comercial, así como la pesca deportiva y recreativa y la tala con fines comerciales, serán incompatibles en los parques nacionales y, por lo tanto, no se podrán desarrollar en estos espacios.

También prevé el desarrollo de la marca 'Parques Nacionales de España' como un identificador común de calidad para estos espacios, que constituyen la muestra más representativa del patrimonio natural del país.