AI hizo estas consideraciones después de conocer que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la “ya estrecha posibilidad de investigación de derecho internacional en España” para los casos en que el presunto responsable sea español o la víctima fuese española en el momento de los hechos.

Esta organización subrayó que esta iniciativa “coincide con la campaña que el Gobierno español está llevando a cabo para ser miembro del Consejo de Seguridad” de Naciones Unidas y significa “un considerable paso atrás y empaña el compromiso español con el sistema universal de derechos humanos”.

Además, la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa por el genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante los años 80 y 90, con la cual ha puesto en busca y captura internacional al expresidente Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng y otros tres antiguos mandatarios de este país.

“La reforma propuesta por el Grupo Popular desvirtúa totalmente el contenido y alcance de la jurisdicción universal”, declaró Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España.

Jovtis señaló que la existencia del Tribunal Penal Internacional “no excluye el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales nacionales” porque países como China, Estados Unidos o Rusia, entre otros, no se han sometido a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional y porque la competencia de este Tribunal está limitada a los crímenes competidos después del 1 de julio de 2002 y tipificados en el Estatuto de Roma.

Amnistía subrayó que España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a generar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que “los perpetradores de los crímenes más atroces no son intocables, que sus actos pueden y deben ser castigados y que no hay paraísos seguros para estos”.

En este sentido, mencionó investigaciones realizadas en España de violaciones de derechos humanos en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental.