Según un informe del Cermi, el número total de consultas recibidas ha aumentado en 105 con respecto a las recibidas en 2012, lo que supone un 33,1%.

Los temas recurrentes de estas consultas que presentan una conflictividad importante y generan dudas a las personas con discapacidad y sus familias son: las prestaciones sociales y económicas (109), la inclusión laboral y el acceso al empleo (62), el acceso a bienes y servicios (23), la accesibilidad universal (20) y la educación (15).

Además, las consultas formuladas en este periodo en materia de Seguridad Social han sido 95 (22,51%); en materia administrativa, 56 (13,27%); en materia civil, 44 (10,43%), o en materia laboral, 42(9,95%).

Otra de las conclusiones que pone de manifiesto el informe es que las mujeres siguen acudiendo a este servicio de consultas en menor proporción (40%) que los hombres (60%), a pesar de que el número de mujeres con discapacidad es superior. La distribución por sexo de estas consultas con respecto al año anterior no ha sufrido casi variaciones, ya que el año pasado el 59,94% correspondía a hombres y el 33,89% a mujeres.

El informe también indica que las personas con discapacidad física (136 consultas) son las que, en mayor medida, acuden al servicio de Asesoría Jurídica del Cermi, identificando su tipo de discapacidad. Después destacan las personas con enfermedad mental, que han realizado 26 consultas, y las personas con discapacidad visual y auditiva, que han hecho un total de 19 y 17 consultas, respectivamente.

Atendiendo al territorio de origen, el mayor número de consultas se ha registrado en las comunidades autónomas de Madrid (104), Andalucía (27) y Comunidad Valenciana (22). Como novedad, en 2013 se recibieron en el Cermi consultas procedentes del extranjero.

Como otros años, las personas y entidades usuarias del servicio de orientación y asesoramiento jurídico del Cermi son personas con discapacidad y sus familias, organizaciones del movimiento asociativo de las personas con discapacidad, en su mayoría pertenecientes al Cermi directa o indirectamente; administraciones públicas, sobre todo de ámbito autonómico, y empresas privadas.