De esta forma, el Gobierno pretende que las operaciones relativas al petróleo y al gas en aguas marinas se realicen con mayores niveles de seguridad, después de que el almacén subterráneo de gas natural conocido como ‘Castor’ se paralizase el pasado 26 de septiembre tras detectarse un incremento de movimientos sísmicos frente a las costas de Castellón.

El proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pretende garantizar la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros pretende reforzar la vertiente preventiva y simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo recogido en la Ley de Responsabilidad Ambiental, de 2007, la cual se basa en los principios de “prevención” y de que “quien contamina, paga”.

La ley de 2007 prevé que las empresas que ocasionen daños ambientales o amenacen con causarlos deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hayan producido, devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

El proyecto de ley aprobado este viernes refuerza los aspectos preventivos del marco normativo mediante el fomento de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental y mejora y aclara distintos aspectos relacionados con las garantías financieras (mecanismo que permite hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que se pretenda desarrollar).

La principal novedad es que amplía el concepto de daño medioambiental a las aguas para asegurar que la responsabilidad se aplique también a las aguas marinas, según recoge la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.

El Gobierno afirma, en la nota de prensa difundida tras el Consejo de Ministros, que aporta este aspecto novedoso después de la experiencia adquirida durante los años de aplicación de la ley de 2007.

Con el objetivo de proteger las aguas marinas, el proyecto de ley establece que las autoridades competentes adopten medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de estos riesgos entre los operadores de actividades que sean susceptibles de ocasionar daños medioambientales, como una medida de minimización y gestión del riesgo.