Según informó la Dirección General de la Policía, la organización daba de alta líneas de telefonía empleando documentaciones falsificadas o adquirían a delincuentes comunes terminales de última generación sustraídos en zonas turísticas de la ciudad.

Uno de los arrestados, que contaba con conocimientos avanzados en informática, creaba páginas web dedicadas a la gestión de números premium como otro medio de fraude,

y manipulaba los IMEIS de los teléfonos robados para ponerlos nuevamente en circulación en el mercado ilícito.

Han sido detenidas diez personas e intervenidos 331 terminales móviles de diferentes marcas, 450 tarjetas SIM y micro sd, 2.500 euros en metálico, abundante material informático y documentación relacionada con las actividades ilícitas.

La investigación comenzó por las denuncias de distintas operadoras de telefonía móvil perjudicadas por el fraude, y se constató que se trataba de un grupo organizado altamente especializado y con un reparto claro de funciones entre sus miembros.

Con las tarjetas SIM obtenidas ilícitamente o a través de las páginas web que gestionan los números de tarificación especial, los integrantes del grupo realizaban un masivo tráfico de llamadas en un corto periodo de tiempo a números de premium internacionales.

De esta manera el operador de origen resultaba impagado y, por la recepción de las llamadas, el operador de destino y el explotador de las líneas destinatarias de las llamadas obtenían como beneficios las cantidades correspondientes a los ingresos por interconexión que tenía que abonarles el operador de origen. El perjuicio económico causado de esta manera a las diferentes operadoras denunciantes ronda el medio millón de euros.

Una vez las tarjetas SIM eran "quemadas", el informático del grupo se encargaba de manipular los IMEIS (software) de los terminales para poder ponerlos nuevamente en circulación en el mercado ilícito.

Se ha detenido a diez hombres en Barcelona y su área metropolitana, la mayoría originarios de Pakistán, a los que se imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsificación documental, fraude en las telecomunicaciones y receptación. Todos fueron puestos a disposición judicial y puestos después en libertad provisional a la espera de juicio.