En una rueda de prensa en las dependencias de los grupos municipales en la calle Mayor, Lissavetzky reiteró la oposición frontal del PSOE a la ley, que se publicó en el BOE el 30 de diciembre, y luego se refirió al caso particular de Madrid. Sobre la norma en general, afirmó que es la “típica ley Rajoy o Montoro, tanto monta monta tanto”, de tramitación “exprés” y naturaleza “coercitiva”, hecha “contra todos”, incluso presidentes autonómicos o alcaldes del PP que ya han mostrado su oposición a la misma.

El portavoz socialista denunció que la ley afectará a ayuntamientos, comunidades autónomas (por tener que asumir competencias para las que no tienen financiación) y ciudadanos y es “una coartada más para la privatización, el recorte o incluso la eliminación de servicios públicos”. Los más perjudicados, añadió, serán los municipios de menos de 20.000 habitantes, a quienes “se les van a succionar las competencias”, pasándolas

Recordó que los socialistas la piensan llevar al Tribunal Constitucional, mediante la firma de 50 senadores, los recursos de las comunidades donde gobiernan y el que presente la séptima parte de los consistorios con una sexta parte de la población total de España. “Vamos a entrar por los tres frentes”, explicó, además de señalar que el PSOE la derogará si vuelve a gobernar y que el Grupo Municipal podría incluso llevarla a la UE por considerar que contraviene la Carta Europea de Autonomía Local.

Sobre el caso concreto de Madrid, Lissavetzky pidió a Botella un debate con todos los grupos para valorar la situación, preferiblemente en forma de comisión, y que no mire para otro lado como a su juicio hizo durante la huelga de limpieza, porque “nada de lo que ocurra en Madrid puede ser ajeno al alcalde” y quedar al albur de lo que decidan otras administraciones.

Para evitarlo, el portavoz socialista sugirió que el Gobierno municipal se acoja a la Ley de Capitalidad, que en su opinión es “una norma especial que ha de tener prioridad” sobre la Ley de Administración Local y que faculta a Madrid a prestar todos los servicios que no sean atribuidos expresamente a otras administraciones.

“Ése es el blindaje que puede tener el Ayuntamiento para ejercer sus competencias”, indicó, alertando contra la posibilidad de que una aplicación estricta de la reforma local pueda dejar al Consistorio sin sus atribuciones en materia de economia y empleo, educación o servicios sociales a inmigrantes, por ejemplo. Además, recordó que dicha ley prevé la reunión de una Comisión Administrativa de Capitalidad, que congregaría a las tres administraciones y que todavía no se ha constituido nunca.