Nada más conocer la decisión, fuentes de la Casa Real hicieron una primera valoración a Servimedia en la que aseguraron que la institución "respeta las decisiones judiciales" que adoptan los tribunales.

El auto del juez José Castro dictado este martes entiende que doña Cristina debe dar cuenta de su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos, que impulsaba Iñaki Urdangarin.

En este sentido, el juez ya pidió en una providencia dictada el pasado 9 de diciembre a la Fiscalía y a las demás partes personadas que hicieran alegaciones sobre la posibilidad de citar a la Infanta “en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales”.

El instructor del ‘caso Nóos’ tomó esta decisión tras recibir los últimos informes de la Agencia Tributaria sobre los posibles delitos fiscales que habría cometido la hija del Rey. La providencia dictada a comienzos de diciembre señalaba que la posible citación como imputada de la infanta se produciría “en cumplimiento del auto del 7 de mayo dictado por la Audiencia Provincial de Mallorca”.