Algo similar ocurre con los datos relativos al autoempleo de los ciudadanos con discapacidad, que hasta el 31 de junio de 2013 eran 15.791, es decir, 1.182 más (un 9,2%) que en el mismo semestre de 2012.

Moreno dio estas cifras, ya comentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, a petición de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y de La Izquierda Plural.

En su intervención, el secretario de Estado de Servicios Sociales desgranó las líneas principales del Gobierno en materia de discapacidad y recordó que, en cuanto al empleo, la aprobación del convenio especial de Seguridad Social para las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, rubricada el pasado mes de marzo, beneficiará a unos 34.000 ciudadanos en los próximos meses.

El representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refirió también a la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre del decreto ley que refunde tres normas sobre discapacidad para unificar los derechos del colectivo.

Uno de los aspectos “más importantes” de este decreto es, a juicio de Moreno, el de la definición de los diferentes tipos de discriminación, con énfasis en la discriminación múltiple, pues uno de los objetivos fundamentales de la norma pasa por fortalecer la defensa de los derechos de aquellos colectivos más vulnerables, como los menores o las mujeres con alguna clase de discapacidad.

Asimismo, añadió, la ley establece medidas de defensa jurídica frente a dichas discriminaciones, pues se aplicarán con independencia de que exista reconocimiento oficial de la situación de discapacidad.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Además, el secretario de Estado de Servicios Sociales aludió al problema de la violencia de género, cuya solución, en todas sus vertientes, es una "prioridad inamovible", dijo, de su departamento

Desde esta perspectiva, recordó, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha incorporado en su boletín anual un apartado sobre mujeres con discapacidad, lo que ha permitido saber que de las 52 asesinadas por sus parejas o exparejas en 2012, 5, un 9,6%, tenían algún tipo de discapacidad.

Para mejorar esta situación, Moreno señaló que una de las medidas específicas para este sector de población es la adaptación del servicio telefónico del 016 a una plataforma de vídeo-interpretación.

Porque, apuntó, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, el porcentaje de mujeres con discapacidad que sufren violencia machista se sitúa en el 80%, en tanto que el riesgo de que padezcan abusos sexuales es cuatro veces mayor que el de la población en general.

Finalmente, Juan Manuel Moreno tuvo un reconocimiento para la labor “silenciosa, pero firme”, que lleva a cabo el Tercer Sector, cuyo papel es “indispensable” en la estrategia de construir una sociedad cada vez más justa e inclusiva.

LOS GRUPOS

Todos los grupos parlamentarios que intervinieron en la comisión, salvo el Popular, criticaron de una u otra manera la reciente aprobación por parte del Gobierno del decreto que refunde tres normas sobre discapacidad, tanto por que se haya limitado a eso, a recopilar normas sin más, como por el hecho de haber adoptado la forma de decreto y no haber pasado, por tanto, por el Parlamento para su debate.

A todos ellos, el secretario de Estado les dijo tener “la conciencia tranquila” por poder asegurar que la fórmula del decreto no contraviene ningún precepto legal, tal y como le han hecho ver organismos como el Consejo de Estado, que no ha dado ningún toque de atención al Ejecutivo por haber utilizado esta vía.

Al respecto, Laura Seara, del Grupo Socialista, lamentó que el Gobierno no haya dado la oportunidad al Parlamento de debatir sobre el citado decreto ley sobre discapacidad, algo que Carles Campuzano, de CiU, consideró “preocupante”, ya que, dijo, esta norma se habrá debatido por primera y única vez en el Congreso este miércoles.

Por su parte, Emilio Olabarría, del PNV, se preguntó en su intervención si era necesario recurrir a algo tan excepcional o extraordinario como es la refundición de normas para sacar la recién aprobada ley sobre discapacidad, que unifica los derechos de este colectivo.

PACTO DE ESTADO

Aplaudió Olabarría, por otro lado, los datos de empleo facilitados por Moreno, si bien afirmó que esperaba políticas “más proactivas” por parte del Gobierno para mejorar la inserción laboral de los ciudadanos con discapacidad, para quienes abogó por la consecución de un “Pacto de Estado”.

A este respecto, Moreno dijo “aceptar la propuesta”, aunque reconoció que “los Pactos de Estado siempre son complicados”. “Vamos a explorar esa vía y ver si tenemos capacidad y camino para culminar la legislatura con algún gran acuerdo”, dijo Moreno.

Más tajante que Olabarría fue Ascensión de las Heras, de La Izquierda Plural, quien consideró “un grave error” haber utilizado la fórmula de la recopilación para aprobar el mencionado decreto ley sobre discapacidad, que “ha eludido” así su paso por el Parlamento para su debate.

Por último, Francisco Vañó, del PP, aprovechó su intervención para referirse a la del Grupo Parlamentario Socialista, que calificó de “catastrofista”, y para pedir que se hagan “críticas constructivas” cuando se hable de discapacidad.