Así lo anunció la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que compareció junto a las ministras de Fomento, Ana Pastor, y de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Sáenz de Santamaría explicó que este plan de regeneración democrática implica modificar la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y la Ley del Tribunal de Cuentas para lograr un mayor "control y fiscalización" de las cuentas de los partidos.

Indicó que, en adelante, las personas físicas serán las únicas que puedan hacer donaciones a título personal a los partidos políticos y se prohibirá que lo hagan las personas jurídicas, como las empresas.

Además, se prohibirá que los bancos perdonan créditos a los partidos, como laCaixa hizo con el Partido Socialista de Cataluña cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta reforma por la regeneración democrática también conlleva que los partidos políticos tengan obligación de someter sus finanzas a control del Tribunal de Cuentas y, si no cumplen, tendrán prohibido recibir subvenciones públicas.

La reforma de la Ley de Partidos Políticos asume a su vez una solicitud de la UE para que cualquier ciudadano europeo pueda crear un partido político en España, como sucede en otros vecinos comunitarios.

Otra de las novedades es que las personas condenadas por delitos de terrorismo no podrán ocupar altos cargos en la administración pública "mientras no se cancelen los antecedentes penales".

Así lo explicó Sáenz de Santamaría, quien indicó que esta condición afectará también a personas inhabilitadas y sancionados por infracciones muy graves en la Ley de Transparencia.