El Cermi, en calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención de la ONU, ha ido publicando desde 2008 un informe anual en el que examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad y da a conocer las vulneraciones más graves, a fin de formular propuestas de solución o mejora.

Según recoge la publicación 'Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2012', durante el pasado año el número de consultas atendidas en la Asesoría Jurídica del Cermi ascendieron a un total de 317 (111 consultas menos que 2011), y del total de las consultas recibidas, 65 se han tramitado como posibles vulneraciones de derechos fundamentales (20% de las consultas).

De todas las consultas, el número de las realizadas por mujeres fue menor que las de hombres (36,91% frente al 59,94%), 98 consultas fueron identificadas por personas con discapacidad física, y las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Valencia son las que más consultas han dirigido al Cermi.

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

El informe destaca que las prestaciones sociales y económicas son las que más nivel de reclamación y controversia generan (112 consultas), sobre todo las relacionadas con el empleo (24%) y la jubilación. En este sentido, las cuestiones más conflictivas siguen siendo las pruebas de acceso y los puestos de trabajo.

Son también numerosas las consultas sobre incentivos a la contratación de personas con discapacidad y, como novedad en 2012, ha habido varias consultas sobre procedimientos de despido o modificaciones en las condiciones de contratación.

En materia de educación, por primera vez las consultas no sólo se han ceñido a la educación pública. En cuanto al derecho a la vida independiente e inclusión en la comunidad, ascienden a 58, y las cuestiones de familia planteadas han sido 8, que junto con los temas de igualdad ante la ley (2) y la integridad de la persona (2) son los temas en los que las personas con discapacidad que acuden al servicio del Cermi se sienten más indefensas.

El incumplimiento de la accesibilidad es todavía una de las razones por las que más consultas se presentan. En 2012 al menos se recibieron un 22% de consultas en este sentido, de las cuales 18 tenían que ver con ajustes razonables surgidos en el ámbito del empleo público y el acceso a la educación y formación profesional.

Según destacó el presidente del Cermi, destaca la progresiva toma de conciencia de las personas con discapacidad de que son sujetos de derecho y de que toman conciencia de las vulneraciones de sus derechos, “lo cual supone un cambio cualitativo y el paso siguiente debe ser su empoderamiento para denunciar estas situaciones”.