En apenas unas semanas al frente de la Junta, ya ha mostrado interés en reunirse con representantes de la sociedad civil. En dicha reunión se comprometió a mantener la red de servicios sociales públicos. ¿Mantener esa red y recuperar lo perdido tras los recortes?, ¿se ampliará la partida presupuestaria o se recortará de otros temas?

La interlocución y diálogo con los agentes sociales y con las distintas entidades, y especialmente con los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, va a ser una constante en mi Gobierno. Y la transparencia y la participación, nuestras señas de identidad.

En la Junta estamos trabajando intensamente para mantener el sistema de servicios sociales, del que el Ejecutivo central se está retirando progresivamente y trasladando el peso de la financiación a Andalucía, donde residen en torno al 25% de las personas beneficiarias de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en el conjunto de España. Desde que Rajoy llegó a la Moncloa, el Gobierno central ha recortado 314 millones de euros para asistencia a personas dependientes en Andalucía.

Lo hemos manifestado por activa y por pasiva: existen unas líneas rojas que desde Andalucía no se traspasarán y esas líneas están precisamente en la atención de los colectivos más vulnerables, como las personas en situación de dependencia.

¿Qué ha ocurrido finalmente con la propuesta del proyecto de orden que pretendía dejar de financiar las plazas reservadas en centros de día, residencias y centros ocupacionales?

Hemos creado, junto con las entidades representativas del sector residencial, un grupo de trabajo para alcanzar soluciones. El hecho es que, tal y como está la situación económica, parece razonable replantear el pago de parte del coste de las plazas residenciales que estén desocupadas, que es lo que ocurre con la normativa actual. El grupo de trabajo creado para analizar esta cuestión está haciendo su trabajo y aportará sus conclusiones próximamente.

En cuanto a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tras los retrasos en los cobros por prestaciones de los servicios concertados y la paralización casi total del sistema, ¿se ha establecido al final un calendario de pagos para dar mayor seguridad financiera a la aplicación de la norma?

Es importante que las entidades prestadoras de servicios dispongan de un horizonte temporal de cobro. En eso estamos trabajando, porque entendemos que ello dotaría de mayor seguridad a las entidades y sería un elemento positivo para el sistema. Confiamos en que, gracias a los esfuerzos que estamos realizando desde la Administración autonómica de la mano del sector, se pueda volver a recuperar el ritmo de incorporación de beneficiarios perdido por la falta de financiación del Gobierno de España.

En temas de educación, desde el CERMI Andalucía se alertó este año sobre los recortes en la dotación efectiva de recursos de apoyo tanto humanos como técnicos que precisan los alumnos con discapacidad, recortes en los conciertos de comedor, transportes, actividades extraescolares y a la formación en discapacidad de los docentes. Todo ello repercute en la calidad de la enseñanza. ¿Se ha logrado superar esta situación o se estudia la posibilidad de recuperar esas dotaciones?

El Gobierno andaluz apuesta por un modelo de escuela inclusivo, el cual exige más recursos e inversiones para poder contribuir al desarrollo personal de los alumnos y alumnas con estas necesidades específicas. Nuestro compromiso con la educación y con la igualdad es firme. En unos momentos de serias dificultades económicas, conviene recordar que Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos destina a la educación especial, con un 3,9% del gasto educativo, frente al 2,4% de media estatal.

Para el año 2014, destinaremos cerca de 284 millones de euros a atender a los más 48.000 alumnos y alumnas con este tipo de necesidades, que serán atendidos por más de 8.000 profesionales. Andalucía cuenta con 2.048 aulas de Educación Especial en 485 colegios y 677 en 190 institutos, además de 114 aulas especializadas en trastornos derivados del autismo. Y un total de 3.500 alumnos y alumnas son transportados a diario a sus centros y el servicio de comedor escolar se mantiene con las mismas medidas de apoyo a las familias ya existentes.

Siempre se podrá hacer más, pero en unos momentos de crisis como los actua-les, el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo enorme por preservar la igualdad de oportunidades de todos y todas.

El empleo siempre ha sido precario para el sector de la discapacidad, pero aún más en tiempos de crisis. Aseguraba usted recientemente que trataría este tema con la Consejería de Empleo. ¿Qué tipo de políticas específicas de refuerzo positivo se pueden fomentar actualmente?

Las políticas de creación de empleo constituyen una prioridad para el Gobierno andaluz y así lo recoge el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2014, que blinda igualmente los derechos sociales para mantener el Estado del Bienestar. De hecho, las políticas de empleo suben un 2,8% en el presupuesto autonómico. La empleabilidad de la población con discapacidad es, pues, una urgencia para el Gobierno de Andalucía, ya que supone un pilar fundamental de la igualdad de oportunidades.

En 2014 se evaluará el Plan de Empleabilidad para las personas con discapacidad que se inició en 2007 y termina este mismo año. Una vez que se analicen los datos se diseñarán nuevas líneas de actuación.

En cualquier caso, y como ya anuncié en mi investidura, vamos a favorecer el empleo de las personas con discapacidad a través de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Elaboraremos una guía para la inclusión de estas cláusulas en los contratos públicos para que sirva de referencia a los órganos de contratación a la hora de confeccionar los pliegos.

Estoy convencida de la necesidad de construir una sociedad en la que todo el mundo se vea reflejado independientemente de sus capacidades. Para ello es imprescindible que la Administración vaya de la mano del sector de la discapacidad, sus representantes y los profesionales que trabajan en este ámbito. Nuestro objetivo es alcanzar una sociedad inclusiva y no cabe duda de que las políticas de fomento del empleo de este colectivo constituyen un elemento de primer orden para conseguir dicha meta.

La participación activa y efectiva de los agentes sociales es otro de los compromisos del nuevo Gobierno andaluz. ¿Mantendrán el diálogo fluido y regular con el CERMI Andalucía?

Sin duda. Mi gobierno es un gobierno de puertas abiertas. La interlocución con los distintos actores sociales es esencial y es una seña de identidad. En lo que a CERMI se refiere, la consejera del ramo se ha reunido ya en varias ocasiones con sus responsables y lo seguirá haciendo, pues el objetivo es hacer política en permanente diálogo con las entidades y con la ciudadanía.

Una vía de colaboración efectiva también sería la creación de una comisión de discapacidad en el Parlamento, como existía en otras legislaturas. ¿Sería posible impulsar esta iniciativa de nuevo?

En estos momentos, el Reglamento de la Cámara Andaluza no recoge dicha comisión, cuya creación correspondería al impulso del propio Parlamento, no del Gobierno andaluz. En cualquier caso, los asuntos relacionados con las personas con discapacidad son tratados en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y es clara la apuesta del Gobierno andaluz por este colectivo en cuestión, cuya visibilidad defendemos en el marco del conjunto de las políticas sociales del Gobierno de Andalucía.

Otro de los temas pendientes y eternos en el mundo de la discapacidad es la atención temprana, algo que reclama el CERMI autonómico desde hace tiempo. ¿Cree este Gobierno en la importancia de una atención que mejoraría las vidas de todas las personas con discapacidad e incluso ahorraría costes y esfuerzos para todos?

Según los datos que manejamos, se estima que el 2,14% de la población menor de seis años en Andalucía presenta algún tipo de discapacidad o limitación. El objetivo principal de la intervención temprana es que estos niños reciban todo aquello que, desde la vertiente preventiva y asistencial, pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y laboral, así como la autonomía personal.

Anualmente se atiende en Andalucía a más de 16.000 niños y niñas en el marco de la intervención infantil temprana. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales destina cuatro millones de euros de euros anuales a subvenciones de programas de intervención temprana, que son una prioridad para la Junta.