La Fiscalía, en un informe dirigido al juez instructor de la causa contra Halboka, Javier Gómez Bérmudez, pide que se dicte auto de procesamiento contra Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Saioa Aguirre, Naia Zurriarrain, José Domingo Aizpurua, Juan María Jauregi, Julen Celarain y Nerea Redondo y el que fuera jefe político de ETA David Pla.

En su escrito, el Ministerio Fiscal afirma que el ‘frente jurídico’ de Halboka estaba formado por abogados que al margen de la defensa jurídica de los miembros de ETA mantenían la vinculación de los mismos con la dirección de la banda y les transmitían las directrices de la organización.

Los diez procesados están acusados de un delito de integración en organización terrorista, otro delito terrorista de depósito de armas y explosivos y un delito de colaboración con organización terrorista

Según la Fiscalia, la finalidad esencial de dicho frente o colectivo de abogados era controlar a los presos de la banda para que se mantuviese fieles a la organización, de tal manera que mediante las visitas de los abogados a las prisiones, ‘rondas’ en el argot de ETA’, los letrados conocían el sentir colectivo de los presos y se lo hacían llegar a la dirección de la banda. También en ocasiones recibían las comunicaciones de los pressos y las transcribían, haciéndolas llegar a la dirección de ETA.

A SUELDO DE LA BANDA TERRORISTA

El escrito, asimismo, apunta que los procesados gestionaban las denominadas ‘atxas’ o autocríticas, es decir, los informes que los detenidos de la banda tenían que hacer llegar a ésta, informando de lo que habían contado en sus declaraciones policiales y judiciales, y de los fallos cometidos que habían propiciado su detención.

Para la Fiscalía, estos abogados recibían además un sueldo, distinguiendo la organización terrorista aquellos que son de plena dedicación y los que están en la red. Además, dichos miembros del frente jurídico, como personas plenamente integradas en la organización terrorista, participaban en otras actividades de la banda como recopilar o transmitir información sobre objeticos o auxiliar a la recaudación del llamado ‘impuesto revolucionario’, es decir, la obteción de fondos para ETA mediante la amenaza.

La estructura del ‘frente jurídico’ de ETA se encontraba fisicamente en dos despachos de abogados de Bilbao y Hernani (Guipúzcoa).

PRINCIPALES IMPUTADOS

En el escrito del Ministerio Fical se detalla que Enparantza se encontraba plenamente integrado en ETA, formando parte de Halboka desde finales de 2008. Entre sus funciones se encontraba garantizar la necesaria conexión entre la dirección de la organización y el citado colectivo y asegurar la transmisión de órdene, directrices y circulares de la banda a los presos. De acuerdo con la investigaciones que se recogen en el escrito también realizo funciones de enlace/correo para la organización con el fin de hacer llegar cartas de extorsión de ETA a empresarios.

Otro de los procesados, Iker Sarriegui está acusado influir en los abogados del frente jurídico de Halboka y distubuir notas, y apoyar el contacto entre la organización y los presos, manteniendo una estracha relación con los interlocutores de los diferentes centros penitenciarios, miembros de la banda terrorista, transmitiendo las decisiones de la banada sobre las medidas de lucha o protesta a adoptar frente a la administración penitenciaria

Por su parte, David Pla, antiguo jefe del aparato político de ETA, se le procesa por su función administrativa y de enlace de las notas que los diversos presos o gente del entorno de ETA que querían hacer llegar a la dirección de la organización. La Fiscalia le acusa de ser el contacto directo con la cùpula del aparato político de ETA y la dirección de Halboka.

Entre los acusados también aparece la abogada Arantxa Zulueta que según las diligencias realizadas se encargaba de la coordinación de los informes que la banda terrorista obliga a hacer a los detenidos informando de lo que habían contado en sus declaraciones policiales y judiciales, y de los fallos que habían propiciado su detención. Además también se encargó del cobro del ‘impuesto revolucionario’, de contactar con dirigentes de la banda y en el año 2010 tenía la posesión de un deposito de armas y explosivos de ETA en varios zulos.

La Fiscalía, para terminar, interesa que se eleve al Tribunal Supremo, la investigación abierta contra el senador de Amaiur, Iñaki Goyoaga, ya que como aforado su causa no la puede llevar la Audiencia Nacional. Goyoaga esta acusado de ser mediador en la captación de gente para que se integrara en ETA, lo que implicaría un delito de colaboración con organización terrorista.