En los pasillos del Congreso, respondió así al ser preguntada por las informaciones que apuntan a un cambio en el criterio sobre algunas facturas investigadas en el `caso Nóos´ que afectan a la Infanta Cristina.

Subrayó que el PSOE ya pidió la comparecencia del ministro, Cristóbal Montoro, por los cambios en el departamento que investiga a grandes contribuyentes, ya que los españoles “no pueden dudar de la imparcialidad” de la Agencia Tributaria y no pueden sospechar que hay “interferencias políticas inaceptables”.

Cree que esas informaciones hubieran provocado en cualquier otro país democrático el cese “fulminante” del ministro responsable.

Aunque la comparecencia de Montoro no se abordó en la reunión de la Junta de Portavoces porque aún no ha sido calificada por la Mesa del Congreso, la portavoz socialista se mostró convencida de que la respuesta del PP será la misma que ante las comparecencias del presidente solicitadas también por la oposición.

Denunció que el PP “ha vetado” contra los demás grupos la petición del PSOE para que Mariano Rajoy vuelva a explicar la contabilidad en el PP a la vista de que en su comparecencia de agosto “no dijo todo lo que tenía que decir y parte de lo que dijo, además, era mentira”.

También rechazó la petición de Izquierda Plural y grupo Mixto para que explique las “cifras reales” del rescate al sistema financiero porque el crédito sigue “cerrado”.

Según el portavoz del PP, Alfonso Alonso, su grupo se opuso a esas comparecencias por entender que los interesados pueden preguntar sobre ello al presidente del Gobierno en las sesiones de control.

Soraya Rodríguez cree “incoherente e inconsecuente” la posición del PP al bloquear esas comparecencias y levantar “muros de silencio y opacidad” sobre esas cuestiones mientras reclama la comparecencia del secretario general de UGT, Cándido Méndez, en el Parlamento de Andalucía por las supuestas irregularidades contables del sindicato en esa comunidad autónoma.

Los socialistas insisten en la necesidad de que todos los partidos políticos intenten acordar reformas que son “urgentes” para garantizar la transparencia, sobre todo después de los informes que indican un gran incremento de la percepción que los ciudadanos tienen de ese problema.