Según aseguraron los abogados Leopoldo Torres y Enrique Santiago, “la paralización ‘de facto’ del procedimiento constituye una burla manifiesta a la autoridad judicial española y causa indefensión a las víctimas del delito, haciendo ilusorio su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y propiciando, además, la impunidad de los autores”.

El caso sigue abierto diez años después. El pasado mes de febrero, en respuesta a la solicitud de archivo provisional realizada por el Ministerio Fiscal, el juez Santiago Pedraz admitió a trámite las nuevas diligencias presentadas por la defensa: la reiteración a Interpol de que identifique y detenga a los militares procesados, a efectos de extradición y puesta en disposición de los juzgados españoles, y la toma de declaración a Adrienne Kinne, sargento de EE.UU. en el momento de ejecutarse los hechos criminales que se investigan.

A fecha de hoy, están procesados y en búsqueda y captura los tres militares que ordenaron, autorizaron y efectuaron el disparo que acabó con la vida de Couso. También están imputados dos de sus superiores como ejecutores de un plan “para evitar que los medios de comunicación pudieran informar”, según señala el auto del juez. Es la única causa en el mundo abierta contra marines estadounidenses.

José Couso murió el 8 de abril de 2003, a consecuencia de un disparo de las fuerzas militares estadounidenses contra el hotel Palestina de Bagdad, sede de la prensa independiente. Otros dos periodistas perdieron la vida como consecuencia del ataque contra el Palestina y otros centros de prensa de Bagdad. Hasta el momento, ningún responsable ha sido juzgado.