Gracias a la mayoría absoluta del PP, se ratificarán las enmiendas introducidas en la ley durante su paso por el Senado, que ampliaron de dos a tres años la aplicación de la norma, dieron mayores facilidades para que los centros de educación diferenciada puedan conseguir conciertos y establecieron dos itinerarios en el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, a fin de que las Matemáticas fueran asignatura troncal en el primero de ellos.

La Lomce comenzará a aplicarse así en el curso 2014-2015 y concluirá su instauración en el 2016-2017. Se articula mediante una reforma de la ley anterior, la LOE, respecto a la que presenta importantes novedades.

Así, prevé el establecimiento de pruebas externas a nivel nacional al final de cada etapa educativa, que en el caso de la ESO y Bachillerato será necesario aprobar de cara a obtener el título. En Primaria, estos exámenes tendrán carácter orientador, mientras que la actual Prueba de Acceso a la Universidad conocida como Selectividad será suprimida.

El curso de 4º de ESO se dividirá en dos itinerarios, uno más académico dirigido hacia el Bachillerato y otro orientado hacia la FP, con contenidos más prácticos.

En 3º de la ESO se introduce mayor optatividad y los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) serán sustituidos por una nueva Formación Profesional Básica, de dos cursos obligatorios.

Además, se reducen las modalidades de Bachillerato existentes y se compactan las asignaturas ofertadas, los directores de centro tendrán mayor autonomía en su gestión, desaparece la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y queda permitido la publicación de listas de centros públicos según las calificaciones de sus alumnos.

Rreligión volverá a tener una asignatura espejo (Valores Sociales y Culturales en Primaria y Valores Éticos en ESO), de forma que será obligatorio cursar al menos una de las dos, que tendrán carácter evaluable.

La Lomce incluye un apartado donde se especifica que la ‘educación diferenciada’ no es discriminatoria y que, por tanto, estos colegios pueden obtener conciertos con las administraciones, y reconoce la libertad de elección las familias.

Finalmente, plantea una nueva clasificación competencial entre Estado y comunidades autónomas al dividir las materias en troncales (el Estado decide el 100% del temario), específicas (las autonomías fijan los contenidos y el Estado los estándares de evaluación) y de libre configuración, cuyo currículum definen las autonomías y, en su caso, los centros.

Castellano, Matemáticas, Inglés, Historia y Ciencias son materias troncales en la Lomce, que define la Educación Física, la Música y el dibujo como específicas y sitúa a las lenguas cooficiales entre las de Libre Configuración.

Además, una enmienda de UPyD introducida en el Congreso supuso reconocer al castellano como lengua oficial de enseñanza en todo el Estado (las otras lenguas también lo son en sus respectivos territorios), y se obliga a las comunidades a sufragar la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que pidan castellano como lengua vehicular y no encuentren esta oferta en la red pública o concertada.

UNA LEY MUY CONTESTADA

Ha transcurrido más de un año desde que el anteproyecto de la Lomce se presentó por primera vez en Consejo de Ministros y desde entonces ha experimentado importantes modificaciones y ha cosechado críticas de amplios sectores de la comunidad educativa, ciertas Comunidades autónomas y la oposición parlamentaria.

Geroa Bai, BNG, Coalición Canaria, Amaiur, Equo/Compromís, Esquerra Republicana, PNV, CiU, La Izquierda Plural y PSOE firmaron un pacto en julio para derogar la Lomce en cuanto cambie el Gobierno, mientras que UPyD también critica esta norma.

Los grupos nacionalistas tachan la norma de “centralista” y entienden que “supone una invasión de competencias y un ataque al modelo de inmersión lingüística de Cataluña”.

Por su parte, desde la izquierda la tildan de “clasista, elitista y segregadora”, por establecer “una carrera de obstáculos que perjudicará a los estudiantes más desfavorecidos”.

Sindicatos de profesores, asociaciones de estudiantes y organizaciones de Ampas han protagonizado varias huelgas en su contra, e incluso la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se mostró crítica con la reforma.