Así lo destacó en una entrevista concedida al periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Sánchez Monge, quien se pronunció “completamente en contra” de algunos de los aspectos contenidos en este proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, expone que debe retirar el término de ‘peligrosidad’.

También planteó que, en el caso en que una persona con enfermedad mental tenga una conducta reprobable, sin que haya sido consciente de la misma, pueda recuperarse en un centro de día o de rehabilitación.

Además, según señaló, tampoco está de acuerdo con aplicar medidas de seguridad como la libertad vigilada sobre personas con enfermedad mental, ya que “ellas no cometen actos graves como para que se les vigile”.

“Lo que hay que hacer es recuperarles y rehabilitarles. No necesitan que se les vigile, sino contar con apoyos, dispositivos e intervenciones adecuadas”, indica, al mismo tiempo que apunta que lo que hay que hacer es prevenir para que esto no suceda aplicando las medidas terapéuticas que demandamos”.

Para él, hay que derribar el mito de que las personas con enfermedad mental son agresivas o peligrosas. “En contra de lo que piensa la gente, los actos de violencia que realizan las personas con enfermedad mental no son hacia terceras personas sino hacia sí mismas”.

De un millón de personas con enfermedad mental en España, el número de diagnosticados no llega el 50% y, de la otra mitad, sólo serán tratados un 30 ó 35%; mientras que el resto, unas 600.000 personas “no tienen un tratamiento continuado ni una atención integral adecuada y son los que más pueden causar situaciones molestas para la sociedad, pero sin hablar de delitos”.

“El número de actos que puedan ser violentos son menores en proporción a los que realiza el resto de la población que no tiene ningún problema mental”, subrayó.

En esta línea, el presidente de Feafes afirmó que ni las cárceles ni los hospitales penitenciarios son lugares adecuados para la recuperación de las personas que tienen un trastorno mental grave, al no contar con terapias adecuadas.

Por ello, planteó como medidas alternativas terapéuticas, las consensuadas en la Estrategia de Salud Mental’ del Sistema de Salud: los planes individualizados de atención a personas con enfermedad mental; un equipo de intervención familiar, que requiere un psicólogo y un trabajador social, ya que el 80% de las personas con enfermedad mental viven con sus familias; el apoyo domiciliario; y un equipo multidisciplinar.

Según incidió, “mejoran la atención y disminuyen el coste, y si se aplican a estas personas se consiguen múltiples beneficios”. Para que las personas con enfermedad mental logren su autonomía, su empoderamiento y sean capaces de vivir su propia vida y tengan un proyecto vital, es necesario que se apliquen estas medidas”, destacó.

Por otra parte, Sánchez Monge manifestó que Feafes, formada por 390 asociaciones con más de 45.000 socios, trasladó al Ministerio de Justicia la oposición al proyecto de reforma del Código Penal, pero espera que se llegue a un acuerdo porque parece que quieren hacer una tramitación de consenso.