La coalición propone derogar esa reforma y también la Ley de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y establecer una misma base imponible de tributación para las rentas del trabajo y las del capital.

Además, proponen considerar como renta del ahorro solo las plusvalías generadas en el medio y largo plazo para excluir las operaciones especulativas, y modificar la Ley General Tributaria para tipificar de forma más rigurosa el delito fiscal.

Incluyen un Plan de impulso del empleo y desarrollo de la Economía Sostenible dotado con el 2% del PIB desde 2014 hasta 2019 complementado con el 30% de los recursos fiscales añadidos que produzcan las medidas del plan.

La coalición quiere que se haga auditoría pública y ciudadana de la deuda pública y considerar “ilegítima” la contraída para afrontar necesidades de terceros privados “como los bancos” sin que tengan una relación directa con la actividad pública normal del Estado.

Defiende la derogación de la reforma del IVA para poder reducir y reclasificar los tipos, por ejemplo para industrias realmente culturales, determinados productos alimenticios e higiénicos, o ciertos medicamentos.

Entre las medidas para incrementar ingresos y recaudación, sugieren eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de rendimientos e imputaciones de renta, reformar el sistema de módulos y limitar su uso, limitr las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones, y derogar el régimen especial para trabajadores desplazados, por entender que solo ha beneficiado a jugadores extranjeros de futbol y directivos de grandes multinacionales.

Sobre el Impuesto de Sociedades, IU propone un tipo del 35% para las bases imponibles superiores al millón de euros, y limitar las bonificaciones y deducciones a un máximo del 3% de esa base y a otro 5% como máximo complementario y proporcional vinculado a la creación de empleo estable.

En el capítulo de creación de nuevas figuras impositivas, IU propone gravar los productos y servicios considerados de lujo, las transacciones financieras, la riqueza global en sustitución del patrimonio, y las pernoctaciones en alojamientos turísticos, entre 0,50 y 2 euros por noche.

También elevar el tipo del impuesto sobre depósitos de entidades de crédito con un mínimo del 0,2%, elevar hasta el 100% el recargo en la cuota líquida del IBI de viviendas desocupadas, y suprimir la exención en el IAE con una tarifa general de 50 euros al año y un uno por mil hasta el millón de euros de cifra de negocio.

En cuanto a la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, la coalición defiende uun “concepto amplio” de los mismos, prohibir a las entidades nacionalizadas operar con paraísos fiscales y revocar la licencia a las que se nieguen a colaborar con la administración.

Piden también más medios y mejor organización de los recursos de la administración tributaria, con la creación de un Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda, comprobar la licitd del origen de los 40.000 millones de euros aflorados con la amnistía fiscal, y modificar la legislación sobre las sicav.

La coalición dedica una parte de su propuesta a la fiscalidad verde, y propone introducir criterios medioambientales en impeustos ya existentes y crear otros específicos sobre energía nuclear, vertido e incineración de residuos, bolsas de plástico de un solo uso, cambio de usos del suelo, y sustancias de elevado nivel de preocupación.

Incluye medidas también establecer un “criterio federalizante” en la fiscalidad, y propone incluir en la Constitución el principio de garantía del gasto social, con el reconocimiento de la educación, la vivienda, la salud, la atención a la dependencia y las pensiones como derechos constitucionales “exigibles”, con recursos suficientes para garantizarlos.

Finalmente, la coalición enumera propuestas para garantizar un control “social y democrático” del gasto público, entre ellas la reforma de la Ley de Transparencia, y un cambio de criterio para que el pago de la deuda y la consolidación fiscal no lastre el bienestar de los ciudadanos.