Después de la votación en el pleno del Congreso, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, explicó que esa declaración institucional no fue posible por el veto de Amaiur a leer el texto que había sido consensuado.

Sin embargo, Amaiur precisaba que no había tenido papel alguno en ese veto, aunque sí en el de la votación de una enmienda transaccional de UPyD y PP para impedir el acceso a subsidios públicos de presos de ETA excarcelados sin haberse arrepentido.

Juntando las dos cosas, Alonso acusaba a Amaiur de ser "enemigo del diálogo y del Parlamento" y mostrarse, especialmente en los últimos días, como "amigo de la violencia" y "defensor de los terroristas".

Llegaba a sugerir incluso una reflexión sobre el "poder de decisión" que el Reglamento del Congreso otorga a a grupos que están "contra todos" al permitirles "este triste protagonismo".

Alonso culpaba a Amaiur de ese veto sobre la declaración institucional, pero en realidad era ERC, también en el Grupo Mixto, quien se declaraba impulsora del texto alternativo y acusaba al PP de "mentir".

ERC explicaba que impulsó un texto alternativo "para evitar el sectarismo" que se planteaba en la propuesta inicial y el PP no lo aceptó porque "prefiere mentir y decir que son vetados antes que explicar que solo condenan algunas agresiones".

Según la explicación de ERC, la propuesta inicial de declaración institucional hablaba solo de la agresión a cinco estudiantes que estaban en la sede de la Asociación Foro Universitario Francisco de Vitoria de la Universidad Complutense de Madrid, que resultaron heridos "por la brutal agresión de un grupo de 150 integrantes de la plataforma de extrema izquierda Juventudes Libertarias".

En su lugar, a instancias de ERC, el Grupo Mixto propuso otra declaración de condena a todos los tipos de violencia que se están sucediendo.

"En los últimos tiempos se está incrementando la violencia política entre grupos sociales y políticos de diferente signo hasta un punto preocupante porque puede dar lugar a una escalada de violencia que amenaza los valores democráticos y la pacífica convivencia social", decía ese texto.

Esa violencia, añadía, "no solo se está produciendo en las calles, mediante continuas amenazas, persecuciones y agresiones, sino que ha alcanzado el medio escolar y universitario, que es la sede del diálogo, del debate, de la palabra, de la razón y el conocimiento". "La sociedad y las instituciones políticas debemos hacer una reflexión sobre las causas y las consecuencias de esta violencia social y política y sobre las acciones que, en el marco de la democracia y del Estado de Derecho, debemos tomar para erradicarla", concluía esa declaración alternativa.

Finalmente, la falta de acuerdo impidió la aprobación de una declaración institucional de condena a esos actos violentos.