Becerril compareció en la Cámara Baja, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar éste y otros dos informes elaborados por su departamento y ya conocidos por la opinión pública.

La “ley de segunda oportunidad” de la que habla el trabajo sobre crisis económica sería, a juicio de la defensora, un procedimiento de insolvencia independiente establecido en el ordenamiento jurídico español, similar a los existentes ya en países de la Unión Europea, pensado para ayudar a los deudores de buena fe a rehacer su vida y evitar, por tanto, que caigan en la exclusión social.

La titular de la Oficina del Defensor del Pueblo está convencida de que aunque en España se han aprobado reformas normativas que buscan la liberación de deudas, aún se pueden mejorar y permitir a los particulares afectados por hechos que no podían prever que encuentren una salida, porque, reconoció, hay todavía “varias lagunas” que cubrir y, por ello, margen de mejora.

CONCILIAR INTERESES

Desde esta perspectiva, el trabajo aboga por crear un procedimiento que logre la conciliación de los intereses de acreedores y deudores, que facilite el pago ordenado de las deudas y que sanee la economía doméstica sobreendeudada.

“Se trata de instaurar una segunda oportunidad para todas aquellas personas que se han visto inmersas en una situación económica no prevista ni deseada”, apunta el informe.

Y añade: “De la misma manera que el concurso de acreedores procura la continuidad de las empresas, el procedimiento de insolvencia personal ha de ofrecer viabilidad para la liberación de las deudas con el mínimo perjuicio para todas las partes y no solo de deudores en insolvencia leve”.

El deudor pagará, según esta propuesta, “de forma ordenada atendiendo sus mínimos vitales, salvaguardando su dignidad y eludiendo su exclusión social y marginación hasta quedar definitivamente exonerado con un límite temporal”.

Este procedimiento ha de ser, a juicio de Becerril, “sencillo”, “eficaz”, “gratuito” y “amplio” en su aplicación para que puedan acogerse a él deudores de buena fe, cuyo patrimonio sea incapaz de cubrir el conjunto de las deudas que lo gravan. Y ejecutarse a través de un mecanismo judicial o administrativo.

Al igual que ocurre en otros ordenamientos jurídicos del entorno del español, este mecanismo habría de contar con una resolución final que tendría que fijar la quita, el importe de la deuda persistente, el plan de pagos, las condiciones a cumplir, un plazo de vigencia prudencial y la fecha de liberación del deudor.

Este estudio es una segunda actualización del informe ‘Crisis económica y deudores hipotecarios, actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo’, publicado por esta institución en enero de 2012 y actualizado por primera vez en abril de 2013.

En su comparecencia, Soledad Becerril presentó también a los parlamentarios el estudio sobre ‘Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización’ y la actualización del informe ‘La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles’.

APLAUSO DE LOS GRUPOS

El informe sobre insolvencia personal presentado por Becerril recibió, en general, el aplauso de los grupos parlamentarios de la comisión, que lo calificaron de “claro y contundente” y al que dieron “pleno soporte”.

La socialista Leire Iglesias no tuvo reparos en “felicitar” a la defensora del Pueblo por la elaboración de este trabajo y de sus conclusiones, si bien consideró que contiene pocos datos relativos a las consecuencias de la entrada en vigor de normas relacionadas con la reestructuración de deudas hipotecarias.

El Grupo Parlamentario Socialista, dijo Iglesias, coincide con este documento a la hora de hacer un “llamamiento imperativo” a la necesidad de afrontar las situaciones de insolvencia personal por endeudamientos de buena fe.

Por su parte, Feliu-Joan Guillaumes, de CiU, se mostró de acuerdo “al cien por cien” con el trabajo, al que su grupo da, según aseguró, “pleno soporte”.

En la misma línea que Guillaumes se manifestó Francisco Javier Yanguas, del Grupo Mixto, para quien el informe es “claro y contundente”, además de contener una dosis de “sentido común importante”.

Finalmente, Isabel Jiménez, del Grupo Popular, reconoció que la lectura del documento le ha dejado un “sabor agridulce”, ya que si bien habla de las medidas tomadas por España para combatir la situación económica de los ciudadanos que son insolventes de buena fe, se refiere también a lo que falta por hacer en este sentido.