Torres-Dulce hizo estas consideraciones en el Congreso, donde comparece esta mañana para explicar la memoria de su institución correspondiente a 2012.

Antes de iniciarse esta comparecencia, el fiscal general fue preguntado por la alarma social que están generando las excarcelaciones de etarras y de otros peligrosos delincuentes, como violadores, que están quedando en libertad en las últimas semanas tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la ‘doctrina Parot’.

A este respecto, el fiscal general dijo a los periodistas que entiende “perfectamente” la “alarma social” y el sentimiento “de las víctimas que han soportado hechos calificados como de muy graves penalmente por los tribunales”.

Sin embargo, afirmó que “estamos en un Estado de derecho”, por lo que “hay que someterse a las leyes, a las decisiones de los tribunales, aunque discrepemos jurídicamente de ellas”. Insistió en que este acatamiento legal debe darse “aunque esa decisión comporte costes de carácter personal o social que son ciertamente evidentes”.