La Junta tomó esa decisión tras la reunión del presidente, Juan José Lucas, con las esposas de los mineros, que haban protagonizado un encierro para exigir una solución al conflicto que comenzó el 12 de junio. Desde ese día se sucedieron los cortes de tráfico, manifestaciones y encierros.

Carlenor mantiene desde hace un años un contencioso con Unión Fenosa, empresa propietaria de la central térmica de La Robla, tras la denuncia de Unión Fenosa por un presunto delito de fraude en el carbón entregado.

La empresa minera denunció el incumplimiento de contrato y responsabilizó a Fenosa de poner en peligro la viabiidad de la empresa ante la falta de cupo para vender carbón.

Las protestas de los mineros comenzaron con cortes de tráfico y continuaron con el bloqueo de la entrada a la delegación de la Junta de León, manifestaciones por la ciudad, una concentración ante las Cortes de Castilla y León el día del discurso de investidura de Lucas como presidente de la Junta, una acampada de 12 trabajadores frente al Ministerio de Industria y Energía, y el encierro de esposas e hijos en el Colegio de Huérfanos Ferroviaros de León.

La Dirección General de Minas del Ministerio de Industria y Energía propuso como solución a los problemas de Carlenor el cierre de dos de sus tres explotaciones, la recolocación de trabajadores y el despido mediante bajas incentivadas y prejubilaciones. El 24 julio, los mineros aceptaron en asamblea elcierre de "Minas Ventana", si no supone pérdida de empleo. En esta explotación trabajan 120 personas y la producción alcanza las 85.000 toneladas de mineral.