Durante 1991, los agentes municipales tratimaron 70 reclamaciones por este motivo, aunque en los meses de verano, cuando la mayoría de la gente está de vacaciones, apenas hubo intervenciones de este tipo, lo que hace suponer que los propietarios, ante la falta de clientes, deciden actuar con "manga ancha".

Los motivos aducidos para negar la entrada a estos establecimientos son variopintos, aunque generalmente no se suelen dar explicaciones razonables o convincentes.

Alguos explican al cliente que viste una ropa inadecuada, otros ponen la excusa de que en local se está celebrando una fiesta privada, o que se necesita ser socio o presentar una supuesta invitación, o que el aforo está completo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los responsables de las salas se limitan a negar el paso sin más contemplaciones.

Las zonas de Madrid en donde se práctica de un modo arbitrario el derecho de admisión corresponden a los distritos de Centro, Chamberí y Moncloa, y a locaes situados en la Plaza de Santa Ana, Paseo de Recoletos, Paseo del Pintor Rosales y las calles de Barceló, Orense, Guzmán el Bueno y Duque de Sesto, entre otras.

"LA CHATA", EL MAS DENUNCIADO

En cuanto a los establecimientos, el que tuvo más reclamaciones durante el año pasado fue el "pub" "La Chata", ubicado en el Paseo del Pintor Rosales, que cada mes tuvo un mínimo de una denuncia.

Algunas personas denunciaron que los propietarios de la sala les impidieron el acceso por llevar calcetines blncos o vestir cazadoras deportivas o pantalones vaqueros.

Otros locales que acumularon un mayor número de quejas fueron el café-teatro "Torero", situado en la calle Cruz; la discoteca "Open Gate", en Princesa; los "pubs" "Ricorda" y "La Sal", ambos en Guzmán el Bueno, y la discoteca "Golden", en la calle Duque de Sesto.

Las personas que tienen problemas a la hora de acceder a algún local de diversión pueden dirigirse a la Policía Municipal, para que los miembros de este Cuerpo se trasladen al lugr y verifiquen si el propietario cumple lo dispuesto en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Este reglamento recoge la potestad de los propietarios de los locales a ejercer el derecho de admisión, aunque también les obliga a advertir claramente a los clientes los requisitos necesarios para acceder a ellos, a través de su publicidad o mediante carteles bien visibles.

Tras el requerimiento del ciudadano, los agentes municipales se encargan de verifica la denuncia y levantar la correspondiente acta. Posteriormente, es la Comunidad de Madrid la encargada de sancionar o no al propietario del local, una vez escuchadas sus alegaciones y examinado el informe policial.