Los magistrados de la Audiencia Nacional confirman en una sentencia dictada hoy la resolución del Ministerio del Interior por la que se denegó la indemnización solicitada por los familiares de uno de los fallecidos. Los recursos contra la decisión de interior argumentaban que los atentados se debieron a la “absoluta falta de control” sobre los explosivos y detonadores que había en ‘Mina Conchita’.

Los familiares de la víctima entendían que este control correspondía al Ministerio del Interior a través de la Policía y la Guardia Civil.

La sentencia considera que la competencia de la administración sobre el control de explosivos que establece la legislación “no significa ni puede ser entendida en el sentido de que se directa e inmediatamente responsable por cualquier hecho o riesgo que en relación a las armas o explosivos ocurra en cualquier lugar del territorio en cualquier lugar del territorio español”.

Una vez analizada la normativa al respecto, los magistrados establecen que la vigilancia de los depósitos comerciales y de consumo compete de manera inmediata a vigilantes de seguridad de explosivos pertenecientes a una empresas de seguridad.

La resolución añade en este sentido que por ello, y sin perjuicio de las funciones de control, vigilancia e inspección de los depósitos de armas y explosivos que corresponden al Ministerio del Interior, “no es responsabilidad directa de la administración la vigilancia permanente de los lugares donde se almacenan explosivos, por lo que no es posible reprocharle cualquier actuación ilegal que se desarrolle en tales lugares”.

EL VIGILANTE DE LA MINA

La Sala recuerda que la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgó los atentados del 11-M consideró que no hubo control de los explosivos por parte de la administración, si bien citó como encargados directos al vigilante y al ingeniero directo de la mina. Además, no dedujo ninguna responsabilidad del Estado.

Los magistrados subrayan que el atentado terrorista es imputable a quienes los tribunales consideraron culpables en sus sentencias y agregan que “fue la conducta criminal de los terroristas la que produjo el atentado y ocasionó los trágicos fallecimientos o lesiones de las víctimas”.

“En definitiva, no sólo el deber de control de los explosivos que compete a la Administración no tiene el alcance que señala la parte actora si no que tampoco concurre el ineludible nexo causal entre la actuación de la Administración y el daño causado, por lo que no puede apreciarse la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración”, concluye la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.