En la exposición de motivos, UPyD cuestiona que la legislación vigente regule adecuadamente "todas las consecuencias psicosociales" que supone haber sufrido la violencia de forma cercana, y sugiere que "deja desamparadas a las víctimas en diferentes aspectos de su vida diaria".

Argumentan que en muchos casos, sobre todo en el País Vasco y Navarra, la "victimización" excede a la mera supervivencia a un atentado o la relación familiar directa con una víctima mortal, que es lo que la ley considera como tal.

Subrayan, por ejemplo, que la "persecución" ha obligado a muchas personas a renunciar a sus cargos, a cambiar de trabajo o de lugar de residencia, a cerrar negocios o a llevar una vida diferente a la que hubiera tenido sin violencia.

En opinión de UPyD, el anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito no responde del todo a las múltiples situaciones generadas por el terrorismo entre quienes han sufrido sus consecuencias.

Proponen por ello incorporar más medidas concretas, entre ellas las sugeridas por el Defensor del Pueblo en su último informe, "como una muestra clara de apoyo y compromiso de la soberanía nacional, a la que representamos, a las personas que han sufrido la lacra terrorista o han perdido seres queridos por la defensa de los valores democráticos".

Reclaman por ello un tratamiento "específico" a las víctimas del terrorismo para desarrollar los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad establecidos en la ley.

También un sistema permanente de comunicación con todas las víctimas desde la Dirección General de Apoyo o desde la Oficina de Atención de la Audiencia Nacional, para que todas ellas conozcan las decisiones que les afectan y "tengan voz" sobre ellas ante las administraciones.

Piden al Gobierno que ejercite "todas las acciones civiles contra los autores de delitos de terrorismo con posterioridad a subrogarse en los derechos de las víctimas" para que los condenados asuman las responsabilidades penales y civiles.

También reclaman al Gobierno que impida la impunidad de los delitos de terrorismo, y que progresivamente iguale el trato a todas las víctimas en materia de indemnizaciones.

UPyD reclama para los "exiliados por causa del terrorismo" un reconocimiento de la plenitud de sus derechos, en particular a los electorales, y que se refuercen las becas de estudio a las víctimas en todos los niveles de la enseñanza.

También medidas específicas, "incluida la reserva de plazas en las pruebas de acceso a la función pública" de acuerdo con lo establecido en la reforma laboral, y un trato "efectivo e igualitario" a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad en materia de honores y condecoraciones.

Quieren además que las víctimas sean informadas con suficiente antelación de la celebración de las vista en los procesos penales en que estuviesen concernidas, y que reciban toda la ayuda necesaria para asistir a los procesos penales, si así lo desean.

En este sentido, precisa, "no deben compartir espacios en los edificios judiciales con personas del entorno de los autores de los delitos y tendrán preferencia absoluta para asistir a la vista con respecto a otras personas".

Cuando se adopte una decisión con respecto al autor de un delito de terrorismo, UPyD propone que las víctimas tengan la condición de parte en el ámbito del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria.

Defiende, asimismo, que las asociaciones de víctimas legalmente reconocidas puedan ejercitar la acusación popular "sin ninguna restricción en los procesos penales", de modo que al imposición de fianzas no limite sus posibilidades de actuación procesal, y que las víctimas estén exentas del pago de costas procesales derivadas del ejercicio de acciones civiles y penales en defensa de sus derechos.

Finalmente, proponen que sean informadas "con precisión" de la situación penitenciaria del autor del delito, y que en los supuestos de finalización de la condena, acceso al tercer grado o a la libertad condicional, sean informadas "con suficiente antelación".

UPyD quiere que las víctimas "sean oidas" antes de que la administración penitenciaria tome cualquier medida sobre progresiones y regresiones de grado y que el arrepentimiento, "manifestado por escrito", sea imprescindible para mejorar la situación penitenciaria del preso.

Además, quieren que ese arrepentimiento sea "objetivado" mediante la colaboración con las autoridades encargadas de esclarecer los delitos que hubiera cometido o de los que tuviera conocimiento ese preso.