En un comunicado, esta asociación explica que el objetivo de la comisión sería “depurar responsabilidades políticas” y denuncian “las mentiras vertidas por los responsables en su momento (José Blanco y Alberto Núñez Feijóo, ministro de Fomento y presidente de la Xunta) al inaugurar la Línea de Alta Velocidad A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense: 'el incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes'".

También se refieren a “las mentiras vertidas en el momento actual por el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, al afirmar que no es un accidente de la alta velocidad española".

A este respecto, consideran que sería bueno que los políticos se pongan de acuerdo en una definición de la alta velocidad y que, en caso de ser cierta esa afirmación, expliquen por qué han mentido antes.

Además, recuerdan las declaraciones del maquinista, que advirtió de que "esa curva era peligrosa” y lamentan la ausencia de explicaciones de por qué se decidió prescindir del sistema Ertms en el tramo de Angrois.

OCULTAR LOS HECHOS

“Si el Ministerio de Fomento y el Gobierno, que como todos sabemos tiene mayoría absoluta, nos niega la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, en un asunto que ha producido nada más y nada menos que 81 homicidios, no tendremos más remedio que pensar que el Gobierno tiene el deseo de ocultar los hechos y de salvar a los responsables políticos frente a las víctimas inocentes", sentencian.

En esa línea, la asociación muestra su rechazo a la decisión de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de dejar sin efecto las imputaciones a todos los altos cargos de Adif, que el juez instructor había llamado a declarar como imputados por considerar que no habían cumplido adecuadamente con sus responsabilidades respecto a la seguridad de los viajeros.

Para esta plataforma, si la responsabilidad de estos 22 directivos del gestor ferroviario respecto a la seguridad de los usuarios no viene determinada por su propio cargo, no se justifica que perciban “sueldos millonarios”.

“Parece ser, según el auto citado, que toda la responsabilidad de la seguridad de los viajeros recaía en una sola persona: el conductor, por lo que pensamos que éste tendría que ser una persona preparadísima en todos los sentidos y con una remuneración a la altura de esta enorme responsabilidad, que es nada más y nada menos que las vidas de unas 250 personas”, añade el comunicado.

En ese mismo sentido, afirman que “la estrategia del Ministerio de Fomento y de los políticos responsables es la judicialización del accidente, ya que es la mejor manera de que los altos cargos se liberen de la responsabilidad, centrando toda en el conductor, al que seguramente el Ministerio proporcionará una buena defensa para que salga lo mejor parado posible de este trance”.

“Las víctimas de este espantoso accidente ferroviario sabemos que el accidente no fue debido a una fatalidad de la naturaleza, sino que se podía haber evitado. No estamos, pues, en absoluto de acuerdo con que la única vía de resolución sea la judicial, sino que exigimos responsabilidades políticas, al margen del proceso judicial, al que ya acudimos con nuestros letrados y pleitearemos para defender nuestros derechos en sede judicial”, concluyen.