En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo que de las 6.500 analizadas, 2.700 normas tenían "incidencia negativa o mejorable", de las que aproximadamente un 30% son estatales y un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos.

Este Plan de Racionalización Normativa acompaña al proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 31 de octubre y que ya está en el Senado para continuar su trámite parlamentario.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, remarcó que objetivo de este estudio va en relación con el interés del Ejecutivo de “simplificar el sistema normativo” y “eliminar trabas del complejo sistema normativo español”. Según la vicepresidenta, se busca así “eliminar la dispersión y el exceso regulatorio”.

Guindos indicó que la "limpieza de burocracia" ya se ha empezado en el caso de las normativas estatales y confía en su conclusión dentro de seis meses, mientras que en el rango autonómico, el ministro se mostró seguro de que las CCAA "van a colaborar" y ayudar en esta reducción burocrática, porque este plan va a ayudar a la mejora de la renta española.

El ministro económico indicó que serán derogadas las normas estatales que sean “necesarias” y se dejarán vigentes sólo las de un bien superior. Mientras que en el caso autonómico, en el plazo de varios meses se convocarán a las comunidades autónomas, en las llamadas conferencias sectoriales, para analizar la normativa regional y poner en común la situación.

El titular de Economía señaló que las leyes estatales detectadas (el 30% de las 2.700), el 27% abordan asuntos de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; un 21% de Fomento; 20% de Industria, Energía y Turismo; y otro 20% de Sanidad.

En el caso de las normas autonómicas, un comunicado de Economía, aclara que se diferencian dos tipos distintos de normas. Por un lado, aquellas que contienen provisiones contrarias al Proyecto de Ley. En este caso en la conferencia sectorial cabria instar a la revisión y en su caso modificación de las normas en el plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley, tal y como se dispone en la propia norma.

Por otro lado, aquellas normas que puedan ser o contener aspectos divergentes, incoherentes o contener duplicidades también serán revisadas en el seno de las conferencias sectoriales para su posible modificación.

Los diferentes departamentos ministeriales que han participado en este proceso convocarán las correspondientes conferencias sectoriales, más de 25 conferencias u otros mecanismos o comités, durante el primer trimestre de 2014 (o plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley). Estas conferencias sectoriales podrán contar, en virtud del texto legal, con la contribución de los operadores económicos.