El magistrado ha ordenado igualmente el ingreso en prisión bajo fianza 400.000 euros del que fuera director general de empresas de la CAM Daniel Gil. López Abad y Gil dormirán esta noche en la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanecerán hasta que reúnan las fianzas impuestas.

Gómez Bermúdez, por otro lado, ha dejado en libertad al exdirector de la División Internacional y Negocio Hotelero de la entidad César Véliz y al antiguo director de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) –filial de la caja- Vicente Sánchez. También ha quedado en libertad el empresario Francisco Climent, que fue director económico de Valfensal, la sociedad matriz de la trama defraudatoria.

El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis Rodríguez Sol, había solicitado una fianza de dos millones de euros para López Abad y de 500.000 euros para Gil.

El juez imputa a López Abad, Gil, Véliz, Climent y Sánchez delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida.

Gómez Bermúdez dictó este martes un total de cinco órdenes de detención, pero dos de los reclamados –los empresarios alicantinos alicantinos José Baldó y Juan Vicente Ferri- no fueron finalmente arrestados por encontrarse en el extranjero. La Guardia Civil detuvo además a seis personas por iniciativa propia.

FRAUDE A GRAN ESCALA

El instructor de la Audiencia Nacional sostiene que los imputados aprovecharon el desembarco de la CAM en la sociedad Valfensal –creada en 2003 y de la que poseía el 30 por ciento- para captar dinero de la entidad y desviarlo a través de empresas pantalla hasta las Antillas Holandesas (la actual Curaçao), un paraíso fiscal.

Los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Baldó y los entonces directivos de la CAM López Abad, Gil y Véliz elaboraron y pusieron en marcha un plan mediante el cual obtenían de la entidad la financiación necesaria para invertir en la compra de hoteles en el Caribe, principalmente en México y la República Dominicana, a través de Valfensal.

Los imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal, adquirieron la sociedad Jacksonsport Corporation, radicada en las Antillas Holandesas y que utilizaron como empresa pantalla para sus negocios irregulares. La trama utilizó en concreto esta sociedad para concentrar la mayor parte de los ingresos que obtenían con sus hoteles.

La trama falseó la contabilidad de Valfensal para que no repartiera dividendos, con lo que sustraían el dinero que debía retornar a la CAM y lo desviaban a Curaçao.

La Intervención General de la Administración del Estado ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los ingresos sustraídos a la entidad y derivados a la sociedad Jacksonport entre 2004 y 2011.

Los autos de prisión dictados por Gómez Bermúdez señalan a modo de ejemplo que la trama dejó de pagar a Hacienda en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011 un total 5.280.685 euros, “lo que en el mejor de los casos supone la comisión de tres delitos fiscales castigados con penas de hasta cuatro años de prisión cada uno”. El juez añade que los empresarios, con la ayuda de López Abad y Gil, “habrían estado eludiendo el pago de impuesto a la hacienda pública española en los últimos nueve ejercicios tributarios”.

RIESGO DE FUGA

Gómez Bermúdez asegura que los detenidos podrían fugarse a las Antillas Holandesa, territorio “con el que no existe convenio de extradición”. “Cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao”, señalan los autos de prisión.

El juez señala además que López Abad “ha cobrado recientemente una indemnización de 3.888.000 euros” y añade que “ha adquirido una casa en México por casi 600.000 euros”. Gil, por su parte, cobró en febrero de 2011 “algo más de 1.000.000 de euros”.

El instructor, a la hora de dictar el ingreso en prisión de los exdirectivos de la caja, también ha tenido en cuenta la gravedad de los delitos que se les imputan y la solidez de los indicios recabados en su contra, lo que ha conllevado para ellos “el aumento de las probabilidades de ser condenados a penas graves”.

Los autos de prisión dictados hoy señalan además que Jaime Escrivá, perteneciente al despacho Garrigues, ha reconocido ante la Guardia Civil que ayudó a los imputados a eludir sus obligaciones fiscales en España y elaboró dos informes defendiendo la legalidad de la estructura creada por los detenidos. Gil y López Abad utilizaron estos informes “para justificar ante los órganos de decisión y control de la CAM la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el grupo Valfensal, venciendo así toda la posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja”. El juez Gómez Bermúdez interrogará este viernes a Escrivá.