La UCM reconoce que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22, de fecha 27 de marzo de 2012, "entendió que el procedimiento para la instalación del monumento no era el adecuado; no obstante se establecía la posibilidad de que dicha situación pudiera ser legalizada a través de los mecanismos oportunos en Derecho", algo que ha llevado a cabo en "sucesivos intentos" sin que el Ayuntamiento de Madrid haya resuelto.