El juez Castro, en un auto dictado hoy, decreta además el embargo de otras ocho propiedades que Urdangarin tiene a través de la empresa Aizoon, en concreto una vivienda y un trastero situados en Terrasa (Barcelona) y dos viviendas, dos garajes y dos trasteros en Palma de Mallorca. En todos estos casos el embargo solo afecta a la mitad de los inmuebles ya que la otra mitad está a nombre de la infanta Cristina, quién no esta imputada en la causa.

Por otra parte, el juez también embarga la mitad indivisa de siete propiedades del socio de Urdangarín, Diego Torres. En concreto una vivienda y un despacho profesional en Sant Cugat del Vallés; una vivienda en Mataró; una vivienda en Mahón; tres pisos en Palma de Mallorca. Estas propiedades estaban a nombre de diversas empresas de la trama, entre otras, Virtual Estrategies y Noos Consultaria Estratégica.

Además, el juez también pide los Registro de la Propiedad de las diferentes propiedades con el objetivo de que practiquen anotaciones preventivas de embargo.

En el auto, se expone que se procede al embargo de estos bienes puesto que ha transcurrido “con notorio exceso el plazo concedido sin que se haya prestado la fianza exigida”.

REBAJA DE LA FIANZA

El juez de Palma de Mallorca inició el pasado 7 de febrero los trámites para embargar los bienes del duque de Palma y de su antiguo socio al no haber abonado la fianza de responsabilidad civil que les fue impuesta para poder devolver el dinero presuntamente defraudados sin son condenados.

Urdangarin presentó dos días después ante el juzgado un listado en el que detalla todos sus bienes y propiedades en el marco del proceso de embargo. En esta relación de bienes que el yerno del Rey remitió al instructor se detallan sus bienes, inmuebles, participaciones en sociedad y en empresas, incluido el chalé que tiene junto a la infanta Cristina en Pedralbes.

La fianza inicial era de 8,19 millones de euros, pero la Audiencia Provincial de Palma rebajó en mayo pasado esta cantidad hasta los 6,1 millones de euros

En su declaración como imputado del pasado 26 de febrero, el yerno del Rey alegó que no podía hacer frente a la hipoteca del chalé que comparte con la infanta Cristina en el barrio de Pedralbes porque no tiene trabajo.