En su resolución, el Alto tribunal establecía que el Consejo de Ministros era el órgano encargado de decidir sobre la responsabilidad patrimonial del Defensor del Pueblo durante el ejercicio de su actividad, ya que la normativa en este sentido no estaba clara.

Por ello desestimó la impugnación de la Comisión de Peticiones del Congreso ante la que un ciudadano había presentado una reclamación por daños derivados de una supuesta mala actuación del Defensor del Pueblo en asuntos de extranjería, por no corresponder a este órgano tomar tal decisión.

Así, en esta nota el Defensor pretende precisar las informaciones aparecidas en medios de comunicación, y además asegura compartir la doctrina del Tribunal, ya que “no debe haber ámbitos públicos exentos de responsabilidad”.