El ministro, que presentó un informe sobre el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, afirmó que la variación en la nomenclatura relativa al tratamiento de las personas con discapacidad "es mucho más que un cambio" y responde a una demanda del colectivo que ahora es posible atender.

En concreto, el texto señala que "la Ley de Jurisdicción Voluntaria prevé la intervención del fiscal en los asuntos de menores y personas con capacidad judicialmente complementada, que es la nueva denominación que según la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con discapacidad recibirán a partir de ahora estas personas".