Para el Cermi, esta ampliación del beneficio fiscal es “positiva”, ya que permitirá a las entidades sociales de atención a la discapacidad mejorar la calidad de sus servicios y adquirir más y mejores medios de transporte accesibles para el desplazamiento seguro y cómodo de estas personas.

Esta modificación normativa era una reclamación que venía realizando el Cermi, ya que, hasta ahora, la aplicación del IVA superreducido se limitaba a la adquisición de vehículos por parte de personas con discapacidad con movilidad reducida o familias de estas personas para su servicio, a título individual.

Sin embargo, quedaban excluidas, casi completamente, las compras por parte de entidades sociales (asociaciones y fundaciones, fundamentalmente), por no poder acogerse a este beneficio fiscal sino pasados cuatro años desde la adquisición de un único vehículo.

Por su parte, fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien asumió esta demanda mediante la modificación del Reglamento del IVA, con arreglo a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.