El estudio, presentado este martes y realizado entre mayo y julio de este año mediante encuestas a un total de 1.361 trabajadores sociales de toda España, alerta también de que las consecuencias de la crisis "se agudizarán aún más en el próximo trimestre" y de que el perfil de los usuarios está cambiando.

En este sentido, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, explicó a Servimedia que si la previsión es que las consecuencias de la crisis se agudicen en los próximos tres meses es porque a la gente se le acaban las ayudas económicas, tanto las provenientes de las administraciones públicas como las de los familiares.

Y para afrontar esta situación, aseguró Lima, faltan profesionales en todos los programas de atención (infancia, mayores, dependientes, etc.). Sin embargo, añadió, "los tres principales temores" que atenazan actualmente al colectivo son el "desmantelamiento del sistema", su falta de financiación y su posterior privatización.

PEORES SERVICIOS

De momento, los trabajadores sociales aseguran que en los últimos tres años, los servicios han empeorado "significativamente" en atención a la pobreza/ exclusión social, garantía de ingresos, atención a la dependencia dirigida a personas mayores y a ciudadanos con discapacidad.

El 33% de los encuestados asegura que en el último año ha descendido el número de personas en su departamento, algo que según el estudio ha ocurrido en un 52,5% en la Región de Murcia, un 44,6% en las Islas Canarias y un 44% en Castilla-La Mancha.

En cuanto a la demanda a la que han tenido que hacer frente estos trabajadores en los últimos meses, el informe confirma que ha sido muy elevada con la crisis, tanto por parte de personas habituales de los servicios sociales como de nuevos usuarios.

En concreto, el 74% de los entrevistados aseguraron haber soportado en el último semestre una carga laboral "elevada o muy elevada". La mayor demanda ha sido de información y valoración, intervención y apoyo a familias e intervención y protección de menores.

En 2012, los principales problemas para los que los ciudadanos pidieron ayuda a los servicios sociales fueron la dependencia de personas mayores y la pobreza y exclusión social.

Comunidades como Baleares, Navarra o Canarias han visto aumentar la demanda de servicios sociales en el último año en un 100%, 94,1% y 86,7%, respectivamente.

PRIVATIZACIÓN

El trabajo se detiene también en la privatización de los servicios sociales y señala que el 3,4% de los trabajadores sociales españoles tiene su empleo en un centro de titularidad pública, aunque de gestión privada, una opción que hasta hace unos años era "inexistente", según el colectivo.

En esta línea, el 75% de los trabajadores sociales se muestra contrario a la combinación de sistemas de financiación público/privados en los servicios sociales y el 80,2% detecta una tendencia a la subcontratación o privatización de muchos de estos servicios.

En el mismo sentido, el 58% de estos profesionales considera que la gestión privada de los servicios sociales no garantizaría el derecho de acceso a todos los ciudadanos y el 53% entiende que esta forma de gestión disminuiría la calidad de las prestaciones.

Con respecto al perfil del usuario de los servicios sociales en España, el informe indica que está cambiando y que responde al de una mujer de entre 36 y 50 años, con estudios primarios, casada, que vive con pareja e hijos y que está parada, percibiendo un subsidio de desempleo.