Diego, que es como se llama el niño, de dos años y medio, tiene parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 67%, lo que el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, basándose en el Reglamento de Escuelas Infantiles Municipales, considera que no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo del centro.

Pero no es incompatible, ha matizado el Consistorio a Servimedia, porque el menor tenga discapacidad, sino porque el informe médico presentado por la familia a instancias del Ayuntamiento señala que el niño requiere de la presencia de un auxiliar de apoyo, para la que el Gobierno del municipio dice no tener presupuesto.

Según informaron este lunes a esta agencia fuentes del ministerio de Ana Mato, la familia de Diego pidió ayuda y asesoramiento a la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, que ahora está analizando el caso.

En concreto, el Gobierno central ha solicitado toda la información sobre el asunto a la Consejería de Educación del Ejecutivo canario, que es el organismo público del que dependen, en última instancia, las escuelas infantiles de San Cristóbal de la Laguna.

Con la información recibida de la Consejería de Educación del Ejecutivo canario, el departamento de Mato redactará un informe con el objetivo de "ver cómo se puede solucionar el caso de esta familia" y siempre, eso sí, bajo "un respeto escrupuloso al ámbito de gestión de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna".

Albano, el padre del menor, ha declarado a Servimedia que el niño requiere solo de una atención "un poquito" más intensa de la que precisa cualquier niño de su edad, ya que necesita apoyo para desplazarse, y lamenta que se le haya rechazado basándose únicamente en unos papeles, sin verle siquiera.

Además de al Gobierno central, los padres de Diego se han dirigido a las instancias municipales de San Cristóbal de la Laguna y al sector canario y estatal de la discapacidad.

En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha anunciado que pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que examine esta conducta del Ayuntamiento "por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a un niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".