Así lo expresaron durante el debate parlamentario de dos proposiciones no de ley, una del PSOE y otra del BNG, sobre dicha reforma y que serán votadas mañana. En sus iniciativas, ambas formaciones rechazan el informe que un grupo de expertos entregó al Ministerio de Justicia, que planteaba la supresión de partidos judiciales. Esta propuesta está siendo estudiada por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón antes de plantear su reforma de la planta judicial española.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista intervino el diputado Gabriel Echávarri, quien criticó el “largo etcétera de contrarreformas” (educación, sanidad, pensiones, justicia) que ha llevado a cabo el PP “con un tinte casi revanchista” y prácticamente “en solitario”.

Tras señalar que el “tasazo judicial” implanta “una justicia para ricos y otra para pobres” y arremeter contra la “reforma unilateral” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por entender que crea un órgano a la medida del PP, Echávarri aseguró que la propuesta del Gobierno “va en contra de los ciudadanos”, cuando “la justicia hay que acercarla a la gente, no alejarla de ella”.

Por su parte, Olaia Fernández Dávila (BNG) acusó al Gobierno de “impedir aún más el acceso a la Justicia” y señaló el citado comité de expertos propone “un modelo que refuerza el monopolio del Estado, obviando que dicho servicio ha de estar relacionado con otras administraciones e instituciones”.

El diputado del PP Miguel Castillo defendió que “un concepto tan básico como la territorialidad “ha sido superado por la tecnología”. Señaló que “hasta ahora se habían dedicado todos los esfuerzos en incrementar plantillas y unidades judiciales” pero que “eso no basta”, porque “no ha servido para disminuir el volumen de asuntos pendientes”. “Más no es equivalente a mejor”, sentenció.

Mercè Pigem (CiU) criticó que la alternativa propuesta por el Gobierno para la supresión de determinados juzgados “no va a tener en cuenta la proximidad”, porque la solución que defiende el Ejecutivo pasa por “centralizar el servicio público en la capital de la provincia”. “Vamos a oponernos frontalmente a una propuesta que, de llevarse a cabo en los términos que figuran en el informe supone una nueva vuelva de tuerca en el camino emprendido”, dijo.

LEY GALLARDÓN EN ESTADO PURO

Por parte del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural intervino el diputado Gaspar Llamazares, quien criticó la “carencia absoluta de diálogo” por parte del Gobierno a la hora de llevar a cabo una reforma judicial que es una “Ley Gallardón en estado puro”.

Rosa Díez (UPyD) dijo que la reforma de la Ley de Demarcación y Planta supondría “empezar la casa por el tejado”, al tiempo que criticó al Gobierno por sus anuncios “confusos” cada vez que quiere emprender algún tipo de modificación legal.

Emilio Olabarría (PNV) advirtió del “colapso inabordable” que supondría llevar a cabo las reformas planteadas en dicho informe y defendió que las demarcaciones judiciales, en términos generales, están bien configuradas. “Lo que hay que hacer es incrementar el planta. No podemos permitirnos el lujo de ser el país con el menor ratio de jueces por cada 100.000 habitantes”, argumentó

Teresa Jordà (ERC), del Grupo Parlamentario Mixto, señaló que las propuestas del citado informe no hacen sino “deteriorar el acceso geográfico a la Justicia”. “Si apuestan por una justicia más cercana, transfiera a la Generalitat las competencias para la demarcación judicial. Pero claro, choca con sus visión centralista”, ironizó.

PROPOSICIONES

Según aseguran los socialistas en su proposición, la propuesta de los expertos “sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno y que, como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las comunidades autónomas” y tiene como objetivo el “desmantelamiento de los servicios públicos”.

“La propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas”, continúa el PSOE en su proposición.

Así, el PSOE propone que el Congreso inste al Gobierno a “desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia”, en referencia al dictamen que los expertos han entregado al departamento de Gallardón.

Asimismo, la formación socialista quiere que el Ejecutivo presente una nueva propuesta de reforma que tenga en cuenta las distintas competencias que concurren y que mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales, “dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia”.

También desea que “mantenga las audiencias provinciales y los juzgados de paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos”.

Otra de las propuestas que hace el PSOE pasa por “implantar los tribunales de instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público”.

"EMPEORARÍA LA JUSTICIA"

Por su parte, el BNG, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, se opone a “una reforma de este calibre porque empeoraría la justicia en Galicia, cuando es evidente que el camino no es el de la reducción de juzgados”.

“De hecho, en el territorio gallego se precisarían más juzgados, incluso una revisión de la demarcación de la planta judicial que tenga en cuenta los cambios demográficos habidos en las últimas décadas para que se implanten sobre todo más juzgados en ciudades y villas que han experimentado aumentos poblacionales significativos”, argumenta el BNG.

Para esta formación gallega, según consta en la exposición de motivos de su iniciativa, “en lo que va de legislatura, el Ministerio de Justicia se ha aplicado en empeorar la Justicia, el derecho de acceso a la tutela judicial y el propósito de asentar una justicia para quien se la pueda costear, dejando a las mayorías sociales en una situación de desprotección mayor”.

La proposición del BNG busca que el Congreso inste al Gobierno a “retirar la propuesta de modificación de la Demarcación de Planta para establecer un único partido judicial por provincia, eliminando así los partidos judiciales y concentrando las sedes en las capitales de provincia”.

Esta iniciativa quiere que el Gobierno impulse una reforma “en profundidad” de la organización de la Administración de Justicia, “que implique la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia exclusiva sobre la delimitación de la demarcación y planta judicial, y permita acometer una revisión que asegure el mantenimiento de partidos judiciales en las ciudades y los municipios de mayor población y aquellos que sean cabeceras de comarca”.

Por último, pretende que se lleve a cabo “una racionalización de la justicia, apartada de una visión corporativista y centralista y elaborada de forma consensuada con los profesionales, organizaciones y colectivos sociales del ámbito jurídico”.

Busca que esa racionalización se funde “en los criterios de respeto al derecho a la tutela judicial, el acceso universal a la justicia, el acercamiento de la justicia a la ciudadanía y una mayor accesibilidad desprovista de costes añadidos”.