Ruz, en concreto, ha imputado a Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato, Florencio Hernández Gutiérrez, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo.

En la causa, abierta en el año 2010, estaban ya imputados el expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general de la entidad Ildefonso Ortega. A Hernández Moltó se le atribuyen delitos de administración desleal, falsedad contable y falsedad en documento mercantil por las presuntas irregularidades en su gestión al frente de la caja.

El magistrado señala en el auto dictado hoy que de la investigación judicial se desprende que los miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla-La Mancha podrían haber cometido un delito de administración desleal al aprobar “una serie de operación singulares”. Estas irregularidades se habrían producido entre julio de 2007 y marzo de 2009.

Ruz explica que de los ocho miembros de la Comisión Ejecutiva de la entidad, solo Hernández Moltó había sido imputado hasta el momento. Señala en este sentido que los siete nuevos imputados, al igual que Moltó, “habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habría derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad”.

El juez ha citado a declarar a Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato, Florencio Hernández Gutiérrez y José María Fresneda para el próximo 20 de noviembre mientras que al día siguiente deberán hacerlo Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo.

AGUJERO DE 7.000 MILLONES

Ruz admitió a trámite en diciembre de 2010 la denuncia presentada por seis consejeros de Caja Castilla-La Mancha y decidió investigar a los antiguos responsables de la entidad, que fue intervenida el 29 de marzo de 2009 por el Gobierno tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El juez concluyó al admitir a trámite la demanda que los 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada demuestran “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad.