Cocemfe hizo estas consideraciones en un comunicado enviado en vísperas del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que se celebra mañana, 17 de octubre.

"Los recortes, nuevas tasas y copagos en ámbitos como los servicios sociales, la sanidad, la autonomía personal y la dependencia, la educación o el empleo han contribuido a acrecentar la situación de desventaja en la que ya nos encontrábamos con respecto al resto de la población, con ingresos un 23% más bajos, con problemas para llegar a final de mes en el 70% de nuestras familias y con la tasa de empleo 40 puntos por debajo" del resto de la ciudadanía, afirmó Mario García, presidente de la entidad.

Estos datos se traducen, según dijo, en que las personas con discapacidad presentan unos índices de pobreza "que se disparan al compararlos con los del resto de la población, que son también cada vez más alarmantes".

Y es que, abundó García, "las medidas de austeridad y recortes sociales están impactando de forma muy negativa sobre las personas con discapacidad, y en algunos casos, la disminución de las ayudas está siendo además desfavorecida con el incremento de los pagos que se ve obligado a realizar nuestro colectivo y sus familiares".

Desde esta perspectiva, Cocemfe está convencida de que "es absolutamente necesario volver a alcanzar los niveles de bienestar social y equidad que tanto ha costado conseguir y que la austeridad está arrebatando poco a poco".

Para el presidente de Cocemfe, "reducir los niveles de pobreza sobre el sector de las personas con discapacidad pasa por atajar el problema de raíz con unas políticas de firme apoyo a la formación y el empleo de este sector, asegurando una verdadera igualdad de oportunidades en todas las etapas educativas, luchando contra las múltiples discriminaciones que aún hoy se siguen presentando a la hora de estudiar y comprobando el cumplimiento de la normativa en materia de integración laboral del colectivo".

De igual modo, Cocemfe reclama, tanto al Gobierno central como a las CCAA y las corporaciones locales, que no eludan sus obligaciones a la hora de proporcionar asistencia y apoyos al colectivo y que dejen de tomar medidas que perjudican el empleo, la educación y la vida autónoma de las personas con discapacidad.