Lo dijo en rueda de prensa la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, al reiterar que ese proyecto supondrá “desapoderar” a los ayuntamientos de los servicios que prestan a los ciudadanos, desde la limpieza o el alcantarillado hasta prestaciones sociales.

Son más de 7.000 los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, subrayó, susceptibles de ser privados de esos servicios que podrían pasar a las diputaciones provinciales y, dado que esas administraciones “no son prestadoras de servicios”, serían privatizados.

Los socialistas seguirán explicando “el alcance” de esa ley para intentar que no se apruebe en esos términos, y en caso de ser así barajan llevarla al Tribunal Constitucional. En todo caso, cuando cambie la mayoría parlamentaria, “indudablemente nosotros modificaremos, derogaremos esta ley”.