Así lo pronostica un informe dado a conocer este viernes en Bruselas (Bélgica) por representantes de Fundación ONCE, Cruz Roja, Cáritas y Fundación Secretariado Gitano, las cuatro entidades españolas que gestionan el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación (POLCD) y que evalúan en el estudio el impacto de esta iniciativa, cofinanciada por el FSE, durante el periodo 2007-2013.

La presentación del informe "El empleo de las personas vulnerables: una inversión social rentable" estuvo encabezada por los españoles Miguel Angel Cabra de Luna, miembro del Consejo Económico y Social Europeo, y Miguel Ángel García Martín, director general para la Economía Social y la RSE.

Entre esos obstáculos destaca “un mercado de trabajo con unas elevadas tasas de paro, amplia precariedad y barreras de acceso al empleo de las personas más desfavorecidas”. “La baja cualificación de la mayoría de las personas que participan en el PO, en muchos casos sin estudios o que han abandonado la escuela, hacen de la educación y la formación profesional objetivos centrales del programa, hasta el punto de que las propias entidades se plantean las acciones de inclusión, considerando conjuntamente educación, formación ocupacional y empleo”, señalan los autores.

Las entidades gestoras del PO creen que para alcanzar esos objetivos, deberán “dar un salto cualitativo en la capacidad institucional, para la adaptación al cambio y la respuesta a las nuevas necesidades sociales”.

Ese salto se basará, agregan, en dar respuesta a retos de tipo político (“mantener la prioridad de la lucha contra la discriminación como Programa de Igualdad de Oportunidades, dando prioridad sobre todo a la lucha contra el desempleo juvenil”), económico-financiero (“garantizar en un contexto de crisis económica la cofinanciación necesaria para desarrollar el PO”), institucional (“mantener la presencia de las organizaciones sociales en los programas de inserción laboral, cuya eficacia ha sido demostrada”) y operativo (“coordinar e incluso integrar empleo, educación e inclusión social, implicando a las propias empresas que contratan a los beneficiarios del PO”).

Sobre el periodo 2006-2011, el informe subraya que “se ha reforzado la capacidad institucional del PO, ha mejorado la eficiencia organizativa, se han ampliado las redes de colaboración y se ha consolidado un partenariado que cubre empresas, economía social, Administraciones Públicas y un amplio elenco de entidades del Tercer Sector de Acción Social".

En cuanto a la intervención socio-laboral, “se ha plasmado en buenas prácticas que impulsan la innovación social y la transferencia de conocimiento”. “El PO es más visible a la sociedad a través de campañas de sensibilización, a favor de la igualdad de oportunidades y contra la discriminación”, agrega el informe.