Así se desprende de una encuesta realizada por el portal inmobiliario Idealista realizada en los primeros días de abril, tras la aprobación por parte del Gobierno del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Entre ellas, figura el tope del 2% en la subida de los alquileres, con el fin de evitar un encarecimiento elevado de la vivienda ante los altos niveles en los que se encuentra en la actualidad el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Según Idealista, el 25% de los encuestados cree que esta nueva medida del gobierno no debería afectar a sus planes de inversión, mientras que el 41% no tiene aún claro si podría llegar a afectarle.

Además, el estudio señala que se mantiene el interés por la inversión en vivienda, ya que el 88% de los encuestados sigue apostando por esta vía, mientras que el 12% ha decidido abandonar el proceso ante el cambio de circunstancias.

Entre los motivos que esgrimen las personas que mantienen su inversión, el 35% especifican que está buscando seguridad de cara a su futura jubilación y el 32% lo hacen para aumentar los ingresos actuales de su unidad familiar. El 26% de los encuestados buscan cubrirse frente a la inflación y el 23% buscan obtener una segunda vivienda “que se pague sola”.

La inversión en vivienda para ponerla en el mercado del alquiler es la principal opción (el 58%), seguida de la compra para poner la vivienda en el mercado vacacional (17%) y la compra para reformarla y ponerla otra vez en venta (8%).

Ante estas cifras, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, explicó que “el Gobierno ha vuelto a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler”.

“La medida supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone. El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado. La experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables”, añadió.